El 39% de los hondureños en EUA fueron detenidos por violaciones migratorias
Mientras en California los latinos protestan por las redadas en Estados Unidos, organizaciones hondureñas lamentan que se está deteniendo a personas por delitos menores o injustamente
- 10 de junio de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.—El aire en Los Ángeles, California, está cargado de gas lacrimógeno. Huele a caucho quemado, a rabia. Las caras de los manifestantes están cubiertas, arrojan piedras mientras los vidrios rotos caen a su alrededor. Mojan sus camisetas para protegerse del aire contaminado.
La Guardia Nacional, con 2,000 efectivos desplegados como si se prepararan para una guerra, los rodea en formación cerrada, con escudos plásticos y fusiles no letales.
La batalla que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, deseaba, comenzó. Los migrantes luchan por quedarse en el país que, con sus esfuerzos, contribuyen a construir. El gobierno insiste en que los detenidos enfrentan cargos por delitos criminales pendientes, condenas previas o violaciones migratorias.
Y aunque en algunos casos, según los mismos registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), es cierto, otros lamentan que se está deportando a personas inocentes.
Por ejemplo, entre enero de 2022 y enero de 2025, se capturaron a 42,745 hondureños que habían cometido delitos en Estados Unidos, sin embargo, el 39% de los casos eran por violaciones migratorias.
Es decir, por cada diez detenidos, cuatro fueron por violaciones migratorias, cuatro por condenas criminales y el resto por delitos pendientes.
Sin embargo, lo que no menciona la administración Trump es que muchos de esos cargos corresponden a infracciones menores, como conducir sin licencia o cruzar la frontera de manera irregular.
Para Porfirio Quintano, representante de la comunidad hondureña en Estados Unidos, cuando estos casos son registrados en las bases de datos del ICE, cualquier detención puede derivar en una orden de deportación.
“La narrativa que ellos promueven es que están persiguiendo a los criminales, pero para ellos todos los inmigrantes, sin importar quiénes sean, son considerados criminales si cometen la 'falta' de cruzar la frontera sin documentación”, señaló Quintano.
El líder comunitario también destacó que el despliegue de la Guardia Nacional sin respetar el debido proceso provocó indignación entre los migrantes, pues "en las redadas los soldados están aplicando más fuerza de la necesaria, lo cual constituye una violación al derecho de protesta, amparado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como por otras leyes que protegen los derechos civiles".
Trump, por su parte, sigue describiendo a Los Ángeles como una ciudad "invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales".
“Criminales” por cruzar irregularmente la frontera
Cruzarse la frontera de Estados Unidos sin documentos constituye un delito migratorio que ya deja decenas de personas con cargos.
Entre 2022 y 2025, un total de 16,855 hondureños fueron arrestados por esta causa, de acuerdo con el ICE, bajo la justificación de haber cometido "violaciones migratorias".
Cuando se habla de este delito, las autoridades se refieren a cualquier infracción relacionada con las leyes de inmigración. Es decir, una persona que no siguió las reglas para vivir en Estados Unidos, como quedarse más tiempo del permitido o entrar al país de manera ilegal.
Bajo este argumento, 11,736 hondureños fueron arrestados en 2022. Ese año reportó el mayor registro anual en los últimos dos gobierno estadounidenses. En lo que va de 2025, se contabilizan 343 detenciones.
En el caso de convicción criminal, la persona ya fue declarada culpable porque cometió un delito. Después de la convicción, esa persona puede recibir una sentencia, como ir a prisión o pagar una multa.
En este caso, ICE reportó un total de 3,741 hondureños detenidos en 2022, pero la cifra pasó a 5,719 en 2023. En este año ya suman 2,044.
También hubo 343 casos por otros delitos migratorios en 2025, es decir, personas que cometieron delitos, graves o leves, pero aún no tiene la resolución de una corte.
Detenciones por cidades
Las ciudades con mayores cifras de arrestos incluyen Nueva Orleans, con 2,173; Houston, con 1,555 y San Antonio, con 1,318.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 31 de mayo de 2025 en San Antonio, Texas, cuando Erika Quiroz, migrante hondureña, fue arrestada por agentes de ICE a la salida de una corte federal a la que había acudido para resolver asuntos migratorios.
Estaba acompañada por su hijo menor. El momento de su detención fue captado en vídeo y difundido por Univisión Noticias.
Las imágenes muestran a Quiroz expresando angustia al ser detenida. Grita: “¡No me quiero morir!”, mientras su hijo, presente en la escena, intenta calmarla con la frase: “Tranquila, mamá, acá estoy yo”, al tiempo que la abraza.
Durante el procedimiento, Quiroz comenzó a toser de forma repetida y mostró signos de dificultad respiratoria. Su hijo la ayudó a subir al vehículo de ICE.
En el material audiovisual se escucha a Quiroz decir: “Siento que me ahogo”, mientras llora. En medio del procedimiento, se observa un forcejeo entre agentes de ICE y personas presentes en el lugar, cuando Quiroz intentó salir del vehículo gritando: “No puedo estar aquí”.
@univisionsatx Con lágrimas en los ojos un niño intenta tranquilizar a su mamá antes que ICE se la lleve.
♬ original sound - Univision 41 San Antonio
Por su parte, la administración Trump mantiene activos programas de retorno voluntario. Uno de ellos es “Project Homecoming (Proyecto regreso a casa)”, impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El programa otorga una compensación económica de 1,000 dólares, unos 26,000 lempiras al cambio actual, a las personas migrantes que se entreguen de forma voluntaria y acepten un proceso acelerado de deportación.
El DHS sostiene que los beneficiarios podrán tener la posibilidad de solicitar ingreso legal a Estados Unidos en el futuro.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalaron que esto no resuelve las condiciones materiales de los migrantes retornados, quienes carecen de redes de apoyo, oportunidades laborales o medios económicos para reintegrarse en sus países de origen.
Otras ciudades con altos índices de arrestos de hondureños incluyen a Atlanta, con 1,900; Chicago, con 1,445; Miami, con 1,086 y Dallas, con 1,048.
En respuesta, Mardoel Hernández, miembro de la Alianza Nacional por un TPS (Estatus de Protección Temporal), declaró que las acciones de Trump solo son una campaña de intimidación contra los trabajadores migrantes.
“Esta es una campaña mediática de intimidación, mostrando y haciendo énfasis en esas imágenes de tortura a la comunidad, de represión. Está pasando factura y nuestra comunidad siente mucho miedo. Algunos, o muchos, se quedan en casa porque están muy temerosos. La gente está en esa desesperación que no encuentra ninguna solución, al igual que las familias”, indicó Hernández.
Además, solicitó a toda la comunidad migrante unirse y no permitir más atropellos del gobierno norteamericano. “Toda persona que escuche este mensaje y tenga un amigo o un pariente que tenga TPS, que se acerque a la Alianza Nacional TPS en la website, para que nos preparemos por cualquier circunstancia de tener que defender el TPS”, concluyó.
Deportaciones y respuesta de Honduras
En los primeros cinco meses de 2025, un total de 15,988 hondureños fueron deportados desde distintos países, un aumento del 9.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
Estados Unidos lidera las expulsiones, seguido por Guatemala, México y una lista menor de países lejanos que incluye Gabón, Guadalupe, los Estados Federados de Micronesia y Ucrania.
El INM de Honduras detalló que más de 10,000 personas fueron retornadas desde el país norteamericano, entre ellas, 7,934 hombres, 956 mujeres, 849 niños y 229 niñas. Muchos de los menores viajaban sin acompañantes.
Cortés —especialmente San Pedro Sula— continúa siendo el epicentro de deportados. Más de 3,000 hondureños del departamento fueron expulsados en lo que va del año.
Pese al incremento de deportaciones, los flujos migratorios hacia el norte no se detienen. Guatemala reportó la expulsión de 3,313 hondureños, entre ellos 709 menores.
México deportó a 2,676 personas, lo que representa una disminución del 28.3 % respecto al mismo periodo de 2024. De estos, 1,828 fueron enviados por vía aérea, una modalidad que se ha vuelto más frecuente ante el aumento de operativos en el sur mexicano.
La respuesta del gobierno hondureño se concentra en el programa "Hermana, Hermano, Vuelve a Casa", que busca brindar asistencia básica a los deportados. Incluye un bono único de 100 dólares para alimentación y apoyo inicial. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian que las medidas son mínimas frente a la magnitud del fenómeno.
Al igual, el vicecanciller de Honduras, Antonio García, lanzó un mensaje a la administración Trump y, en particular, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de buena parte de las detenciones y expulsiones de migrantes.
“Queremos que se respete la ley, el debido proceso y la integridad humana. Nos preocupa cuando estas redadas se hacen en lugares públicos. Nos preocupa lo que pasa después, cuando el migrante queda sin derecho a defensa, sin posibilidad de impugnar su deportación, sin margen para prepararse”, declaró García.
Detalló que el gobierno firmó un acuerdo con un bufete de abogados en Estados Unidos para ofrecer asistencia legal a los hondureños detenidos. El objetivo es evitar deportaciones arbitrarias y garantizar audiencias justas. Pero también reconoció los límites.
“Es lo único que nos queda: asesoría legal. Porque al final, ellos están en su país y deciden cómo actuar. Lo doloroso es que muchas veces, cuando el juez dice ‘usted no tiene derecho a quedarse’, el migrante es arrestado en ese mismo momento. Si el juez le da una prórroga, no lo tocan. Pero si no, se lo llevan, sin siquiera permitirle despedirse ni recoger sus cosas. Eso no es justicia”, dijo.
Para García, el riesgo ahora es que los migrantes dejen de presentarse ante las cortes por miedo, lo que —advierte— socavaría el sistema legal y terminaría afectando incluso a quienes tienen posibilidades de regularizar su situación.
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