Tegucigalpa, Honduras.- El canciller de la República de Honduras, Javier Bu Soto, dijo este martes que los hondureños que perderán los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) procederán judicialmente dentro del plazo de 60 días establecido por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Muchas organizaciones ya tienen listas sus demandas. Esta es una de las vías disponibles como plan B ante esta situación. Las familias acudirán a la vía judicial y emplearán todos los recursos legales necesarios”, destacó.
Además, agregó que “algunas personas califican para regularizarse y no lo saben, por lo que les solicitamos que se acerquen a nuestros consulados para que reciban asesoría legal y sepan qué pueden hacer”.
Recomendó a los tepesianos solicitar un cambio de estatus, lo cual “los protege sin tener que salir del país”. También planteó opciones como las visas de trabajo, el apoyo de hijos mayores de edad que pueden regularizar su situación y los casos de personas próximas a contraer matrimonio.
Por último, Bu Soto aseguró que mantienen “una muy buena relación” con la administración Trump y que seguirán trabajando para mejorar la condición de los migrantes hondureños.
La comunidad migrante en Estados Unidos recibió “como un balde de agua fría” el anuncio de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 70,000 hondureños y nicaragüenses que han residido legalmente en el país durante más de dos décadas.
Desde que asumió el cargo en enero pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rescindido el TPS para unos 600,000 inmigrantes de siete países, convirtiendo en indocumentadas a personas que huyeron de crisis políticas y desastres naturales, a pesar de haber cumplido con todos los protocolos y requisitos legales, detalló este lunes la organización New York Immigration Coalition.
Para los hondureños, la incertidumbre creció en mayo, cuando esperaban un pronunciamiento oficial sobre la extensión del programa que vencía ese mes, pero nunca llegó, dejando a los beneficiarios sin información clara sobre su futuro, explicó Juan Flores, presidente del grupo migratorio hondureño Fundación 15 de Septiembre.
Agregó que como hondureños también tenían muchas expectativas tras la firma, el pasado 25 de junio, de un convenio migratorio entre EE UU y Honduras con la visita al país de Kristi Noem, secretaria estadounidense de Seguridad Nacional.
Ese día, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, suscribió el acuerdo como "tercer país seguro" con Noem, mediante el cual se comprometió a recibir solicitantes de asilo de otros países antes de que lleguen a la frontera estadounidense.
La decisión de cancelar el TPS, que se hará efectiva en 60 días, tomó por sorpresa a sus beneficiarios: cerca de 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses, según el Registro Federal, quienes ahora disponen hasta el 6 de septiembre para buscar una alternativa a la deportación.
