La vulnerabilidad institucional se puso de manifiesto una vez más con el escándalo que se ha desatado con la aprobación del Congreso Nacional, sin hacer ninguna objeción, de un decreto enviado por el Ejecutivo.
La imposición de la tasa migratoria diseñada por el Ejecutivo fue aprobada por el Congreso la tarde del 14 de diciembre del año pasado y como desató una oleada de críticas por la forma en que fue aprobada, el Legislativo le pidió al presidente de la República que no lo sancione.
Con esto, más otros casos ocurridos en la presente administración, ha quedado al descubierto la debilidad institucional y la vulnerabilidad del principio constitucional que habla de la independencia de poderes.
Independencia y subordinación
Justamente, el artículo cuatro de la Carta Magna establece que “la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.
La facultad de ser “independientes y sin relaciones de subordinación” es la que más se ha puesto en duda no solo en este gobierno, sino en los demás que han andado por los mismos pasos.
“El espíritu de la Constitución se refiere a que los poderes deben ser independientes y sin espíritu de subordinación, sin embargo, debe de haber una complementariedad. El problema son los excesos y las cosas que se hacen bajo la mesa”, en opinión del profesional del derecho y diputado nacionalista Donaldo Reyes Avelar.
Los contratos que manda el Ejecutivo para que se los apruebe el Congreso no pueden ser tocados, y esta es una debilidad de la democracia que se supone debe ser participativa e incluyente. “Nos ponen en una situación difícil porque solo nos queda la opción de aprobar o improbar”, dijo Reyes Avelar.
El Poder Ejecutivo en varias ocasiones ha pretendido ejercer influencia en el Poder Judicial en el manejo de algunos casos que le interesan.
Recientemente, el Congreso Nacional aprobó una disposición según la cual en una moto solo podía andar una persona, pero el presidente de la República le agregó al decreto un pasajero: una mujer o un niño menor de doce años, y ordenó su publicación en La Gaceta.
La tasa aeroportuaria, que elevaba a sesenta dólares el impuesto de salida del país, fue parada por orden del presidente de la República -que la engavetó- ante una oleada de críticas de los diferentes sectores de la hondureñidad.
El caso más reciente es la tasa migratoria, por medio de la cual el Ejecutivo pretende cobrar a cada pasajero de las líneas aéreas 17 dólares por entrar y 17 por salir del país, dinero que supuestamente será utilizado para financiar en las aduanas un servicio de vigilancia migratoria para frenar el ingreso de miembros del crimen organizado.
Este servicio, según el contrato firmado a mediados del año pasado por el Ejecutivo con la empresa estadounidense Securiport, está basado en el uso de un “escáner ultrasónico” que será capaz de detectar cualquier señal vinculada al crimen organizado (narcotráfico, secuestros, sicariato y robo de vehículos).
Tras un vendaval de críticas y luego de haberlo aprobado, el Poder Legislativo le pidió al presidente Lobo Sosa que lo suspenda, que no lo sancione, según lo anunció el lunes el presidente de la Comisión de Dictamen, Francisco Rivera.
También se puede mencionar el caso de la amnistía tributaria aprobada por el Congreso Nacional en las 298 alcaldías del país y que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, pero que no fue publicada nunca por el Ejecutivo.
Finalmente, ayer trascendió que la iniciativa será publicada este viernes por la Empresa Nacional de Artes Gráficas, sin embargo, el texto del decreto menciona ahora que la misma está vigente hasta el 28 de febrero. Se desconoce si fue el Poder Legislativo el que hizo el cambio de vigencia de la amnistía.
Estos hechos, más otros que han ocurrido a lo largo de los años, también repercuten en la credibilidad de los partidos políticos legalmente constituidos, a juzgar por el resultado de la “Encuesta de alcances democráticos de Honduras” promovida por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales.
Precisa que de una muestra de 1,096 personas consultadas, realizada en 2010, un 58.9 por ciento no tiene “ninguna confianza” en los partidos políticos.
Preocupados
La debilidad democrática ha provocado la preocupación de algunos diputados que a la vez son estudiosos del derecho en general y de las normas constitucionales en particular.
“El tema de la
institucionalidad, que es fundamental para el desarrollo de país, para buscar nuevos horizontes, se ve seriamente lesionado por la conducta de un grupo de personas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, dijo el diputado pinuista Toribio Aguilera.
“Estas cosas debilitan a los sistemas políticos, se debilita la democracia y ese debilitamiento nos lleva por caminos que no son los más conducentes”, añadió.
En términos similares se pronunció el diputado y profesional del derecho German Leitzelar.
Con la forma de actuar, los “políticos afectamos la democracia y afectamos la imagen del Congreso”, dijo.
En lo que compete a los contratos que vengan del Poder Ejecutivo, por lo menos se reducirá el peligro de debilitar aún más la democracia con el nombramiento de una comisión que se encargará de estudiar esos convenios antes de someterlos a la Comisión de Dictamen, resaltó Leitzelar.
La comisión estudiará los contratos, hará las recomendaciones del caso, las dará a conocer a las jefaturas de las bancadas y luego la presidencia del Congreso, una vez que el proyecto sea presentado a consideración de la cámara, nombrará la Comisión de Dictamen.
A juicio del diputado Reyes Avelar, cosas como la ocurrida el 14 de diciembre, que solo afectan la credibilidad de la clase política, no deben volver a pasar porque quienes pagan son los diputados, que de por sí, según las encuestas, no tienen mucha credibilidad.
Estos hechos “apenan al final al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, y a nosotros que nos vemos en la necesidad de soportar esa andanada de críticas que tienen un fondo de justificación”, reconoció Reyes Avelar.
