Víctor Manuel Sánchez: "El Estado tiene que mantener la persecución con firmeza"

El mensaje del especialista mexicano en seguridad pública, crimen organizado y narcotráfico para las autoridades es actuar con determinación, sin dar tregua en el terreno, pero atacando a sus finanzas

  • Actualizado: 19 de noviembre de 2026 a las 13:29
Víctor Manuel Sánchez: El Estado tiene que mantener la persecución con firmeza

Tegucigalpa, Honduras.- El recrudecimiento de la violencia en el departamento de Yoro, tras la ola de masacres atribuidas al denominado Cartel del Diablo y encabezadas por Esteban Ferrera Rodas, plantea un desafío de seguridad que guarda paralelismos con episodios de confrontación criminal vividos en México desde finales de la década de los 2000.

Para analizar los alcances de esta amenaza, las estrategias de intervención territorial, la infiltración institucional y los riesgos de expansión hacia otras zonas del país, EL HERALDO entrevistó al analista mexicano y doctor en Políticas Públicas Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, crimen organizado y transparencia.

A continuación, la entrevista:

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Desde su experiencia en México, ¿qué similitudes observa en esta lógica de desafiar abiertamente al Estado mediante masacres y terror?

Este patrón de retar frontalmente al Estado mediante actos de violencia extrema comenzó en Colombia durante la década de los noventa con Pablo Escobar y se replicó con fuerza en México alrededor de 2007 y 2008, cuando las organizaciones criminales recurrieron a atentados, coches bomba y cuerpos colgados en puentes cada vez que las autoridades emprendían acciones en su contra.

El objetivo de esas acciones no es únicamente privar de la vida a las víctimas, sino infundir un miedo colectivo dirigido simultáneamente contra grupos rivales, autoridades y la población civil para forzar el repliegue estatal y consolidar el control territorial.

Aunque Honduras tiene un historial prolongado con estructuras como la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 o antiguas organizaciones del narcotráfico como Los Cachiros y los Valle Valle, lo preocupante en este caso es observar cómo un grupo localizado en Yoro busca proyectarse hacia departamentos vecinos como Francisco Morazán y Comayagua.

¿Qué lecciones deja la experiencia de México y de la región sobre cómo enfrentar a estas organizaciones y evitar que ganen más terreno?

Lo principal que Honduras no debe repetir de México es permitir que las organizaciones criminales consoliden el control de franjas territoriales; el Estado tiene que mantener la persecución con firmeza, pero con estricto apego a la ley, al debido proceso y a los derechos humanos, invirtiendo además en el fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario.

También es clave golpear el negocio criminal cortando sus fuentes de financiamiento mediante inteligencia financiera para restarles capacidad de comprar armas, corromper funcionarios o expandir sus operaciones hacia otras regiones.

De igual forma, resulta indispensable perseguir las redes políticas e institucionales que suelen brindar cobertura a estas estructuras, pues difícilmente un grupo logra crecer y sostenerse en el tiempo sin algún grado de complicidad local.

¿Qué debe hacer Honduras cuando las fuerzas de seguridad ingresan a territorios dominados por estructuras criminales para evitar que se consoliden o crezcan?

Primero, es entender que estas estructuras tejen relaciones sociales y económicas en la zona, por lo que el despliegue operativo de policías y militares debe ir acompañado de inteligencia para identificar a la célula local, desarticular sus puntos de ingreso de dinero y mapear quiénes la integran.

A medida que se les impide operar con libertad en su entorno, se cortan sus flujos económicos y se obtienen declaraciones de los primeros detenidos, las autoridades pueden reconstruir el organigrama completo y desmantelar los nodos que sostienen a la organización en cada municipio.

Asimismo, el Estado debe intervenir las redes de protección política o policial que les dan cobertura y planificar qué ocurre después del operativo, reconstruyendo el tejido social y generando oportunidades para evitar que el grupo regrese o que otra estructura ocupe el vacío dejado.

¿Qué resultados y limitaciones tiene el despliegue estrictamente militar y policial si no se acompaña de otras capacidades del Estado?

La presencia de fuerzas policiales y militares es fundamental en una primera fase para contener la violencia, restablecer el orden y estorbar la operación cotidiana de los grupos armados en el terreno.

Sin embargo, el uso exclusivo de la fuerza tiene límites claros si no se complementa con investigación criminal, inteligencia patrimonial y capacidad judicial para sostener procesos sólidos contra los detenidos.

Además, cuando las tropas se retiran o reducen su presencia sin que el Estado haya recuperado la gobernabilidad local ni atendido las carencias educativas, laborales y de salud, el territorio vuelve a quedar vulnerable ante la reorganización criminal.

Cuando se captura o cae un cabecilla, ¿cómo se evita la fragmentación de la estructura y una nueva ola de violencia?

En México, concentrarse únicamente en el descabezamiento de los liderazgos terminó provocando una hiperfragmentación que multiplicó las células criminales y disparó la violencia, por lo que resulta más efectivo desarticular de manera simultánea a un número suficiente de mandos medios, operadores y nodos financieros mediante inteligencia.

Como ocurre en operativos coordinados en Estados Unidos o Italia, el objetivo debe ser restarle capacidad operativa real a toda la red, deteniendo en un mismo golpe a decenas de integrantes, evitando que surjan facciones más pequeñas y difíciles de rastrear tras la salida de un cabecilla como Esteban Ferrera Rodas.

Cuando se neutraliza tanto al líder como a su línea de sucesión y a quienes manejan la logística local, la estructura pierde capacidad de reacción y se reduce el margen para que el problema se multiplique en lugar de resolverse.

¿Qué riesgos implica que una estructura criminal utilice redes sociales y videos para difundir amenazas y mensajes tras una masacre?

Estos grupos buscan notoriedad y miedo colectivo para proyectar poder e intimidar tanto a la población como a las autoridades, por lo que los medios de comunicación deben actuar con responsabilidad social para no amplificar la propaganda criminal más allá de lo estrictamente noticioso y evitar caer en su juego comunicacional.

A la par, las autoridades estatales pueden gestionar ante las plataformas tecnológicas y sus oficinas regionales en América Latina el cierre inmediato de las cuentas utilizadas para difundir amenazas y material violento.

Aunque los grupos criminales intenten abrir nuevos perfiles, dar de baja sus cuentas principales los obliga a empezar desde cero, haciéndoles perder seguidores acumuladas y reduciendo su capacidad de intimidación masiva.

¿Cómo debe actuar el Estado para proteger a las comunidades amenazadas cuando el temor frena la denuncia, incluso ante recompensas millonarias?

La población evalúa quién ejerce el control efectivo en su entorno y no se arriesgará a denunciar; sin importar que la recompensa suba de 500 mil a cinco millones de lempiras; mientras perciba que el grupo armado tiene más poder que el Estado o que existen vínculos entre policías locales y los criminales.

La confianza ciudadana comienza a recuperarse cuando los habitantes ven hechos concretos, como la captura de los cabecillas y de sus operadores locales, demostrando que la correlación de fuerzas en la comunidad ha cambiado de forma real.

Una vez restablecida esa seguridad básica, el Estado debe acompañar a las comunidades de forma permanente y abrir oportunidades sociales y económicas para evitar que los jóvenes sigan siendo reclutados por estas redes.

¿Cómo se investiga la presunta infiltración del crimen organizado en policías, autoridades locales y otras instancias sin comprometer las indagatorias?

El dinero ilícito siempre deja rastros, ya sea en el circuito financiero formal mediante transferencias rastreables o en los patrones de gasto, propiedades y estilos de vida de funcionarios, familiares o prestanombres que no guardan relación con sus ingresos lícitos.

Cruzar auditorías patrimoniales y revisiones financieras discretas sobre policías, alcaldes y servidores públicos de las zonas afectadas permite detectar anomalías y conectar redes de sobornos sin alertar prematuramente a los implicados.

Esta trazabilidad financiera, sumada a la información aportada por integrantes de la estructura que van siendo capturados, ofrece rutas sólidas para depurar las instituciones y procesar a quienes brindan protección desde el Estado.

¿Considera que este grupo puede dar un giro a la inseguridad nacional o ser capturado pronto tras meses eludiendo a las autoridades?

Recuperar el terreno cedido a una organización criminal toma tiempo y esfuerzo sostenido, porque su arraigo e infiltración se construyen de forma gradual a lo largo de los años, pero insistir en una ruta integral de inteligencia y persecución permite ir reduciendo su influencia.

El escenario más preocupante sería permitir que la estructura se afiance y se extienda hacia corredores estratégicos o ciudades densamente pobladas como San Pedro Sula o Tegucigalpa, donde debilitarla después resultaría mucho más complejo y costoso para el país.

Por ello, el mensaje central para las autoridades es actuar con determinación desde ahora, sin dar tregua en el terreno, pero atacando al mismo tiempo sus finanzas y sus redes de protección institucional.

Perfil del entrevistado

Víctor Manuel Sánchez Valdés es doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), institución en la que se ha desempeñado como secretario general.

Especializado en seguridad pública, crimen organizado, narcotráfico y transparencia, ha participado en instancias como la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila y publica análisis de forma regular en medios como Nexos, Animal Político y Vanguardia.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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