Las cuatro masacres que en las últimas horas cobraron la vida de doce personas en el departamento de Yoro solo constatan el control de las bandas criminales sobre grandes regiones del territorio nacional, así como la indefensión a la que se ve expuesta la población que habita en esos sectores.
Más allá de contabilizar el número de víctimas y los lugares donde se registraron las muertes, las autoridades no han ofrecido detalles sobre lo sucedido, las causas ni los posibles responsables.
En videos que circulan en redes sociales, una estructura criminal conocida como El Cartel del Diablo se ha adjudicado la autoría de los hechos y ha lanzado amenazas contra el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, abanderado de las políticas de seguridad de la actual administración e impulsor de reformas que endurecen las penas y el sistema carcelario.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ha reiterado su postura en la lucha contra el crimen. “Honduras va de frente contra el terrorismo... Vamos a actuar con toda la fuerza del Estado para que este crimen no quede impune”, advirtió el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez.
Como medida inmediata, los once municipios de Yoro fueron declarados territorios de alto riesgo -disposición que permitirá a las fuerzas del orden aplicar medidas excepcionales de control, vigilancia y recuperación territorial-, además de incrementarse a cinco millones de lempiras la recompensa por información que conduzca a la captura del cabecilla del grupo criminal.
Esta tragedia, que consterna a toda la sociedad hondureña, obliga al gobierno a responder con determinación contra quienes arrebataron la existencia a niños, mujeres y hombres.
El Estado debe ejercer toda su autoridad frente a estas estructuras delictivas y garantizar la integridad de la población civil y desarmada, no solo en las zonas en conflicto, sino en todo el país. La impunidad de quienes siembran el terror y atentan contra la dignidad humana no puede ni debe ser tolerada.