Tegucigalpa, Honduras.-El avión presidencial Embraer Legacy 600 ya se fue de Honduras, pero dejó tras de sí una estela de irregularidades, millones de lempiras bajo cuestionamiento y posibles delitos contra el patrimonio público.
Un informe especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) documentó una cadena de actuaciones irregulares y remitió el expediente al Ministerio Público para determinar si hubo responsabilidad penal.
La investigación, identificada como Informe Especial P-02-2025/GVS-DAD-AFPSP, abarcó operaciones para su adquisición en la Tasa de Seguridad Poblacional.
El primer cuestionamiento aparece en el origen mismo de la compra. El 21 de abril de 2014, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad autorizó mediante la Resolución CNDS-033/2014 el pago de un anticipo de un millón de dólares para reservar el avión.
El desembolso se concretó el 12 de junio de ese año, por instrucciones de Juan Ramón Molina, coordinador del Comité Técnico del fideicomiso.
El problema, según el TSC, es que en ese momento el artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado prohibía adquirir maquinaria o equipo usado con fondos públicos.
Era un jet usado
Fue hasta el 1 de octubre de 2014, mediante el Decreto Legislativo 35-2014, cuando se modificó la norma para permitir una excepción en determinadas adquisiciones aprobadas por el presidente en Consejo de Secretarios de Estado.
Ocho días después se autorizó formalmente la compra. El TSC sostiene que “la secuencia de los hechos demuestra un incumplimiento claro a la normativa” y plantea interrogantes sobre si la reforma legal buscó justificar una actuación ya ejecutada.
La factura proforma ECC-371/2014, emitida por ECC Leasing Company a través de Paulo Estevao de Carvalho, describió el Embraer Legacy 600, con capacidad para 13 pasajeros, dos motores AE3007A1E y un precio de 14 millones de dólares.
Como ya se había entregado el millón de dólares, el saldo quedó en 13 millones.
Pero el origen del dinero abrió otro frente. El convenio de cooperación entre Honduras y Taiwán contemplaba recursos para adquirir una aeronave militar, una flota de helicópteros y 40 ambulancias.
Sin embargo, esos recursos terminaron vinculados con la compra del avión presidencial. El TSC concluyó que los fondos no fueron utilizados para cumplir con el propósito original del convenio y advirtió sobre una posible irregularidad en el manejo de recursos de cooperación internacional.
La operación también involucró recursos del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, cuyos fondos tenían como destino legal acciones de prevención y control de la delincuencia común y organizada.
Aunque posteriormente los recursos fueron reintegrados mediante desembolsos de Taiwán, el TSC considera que “el uso inicial de esos fondos para financiar la compra del avión presidencial contradijo el destino establecido por la legislación”.
Las anomalías continuaron durante la operación de la aeronave. El TSC encontró dos facturas de CAMP Systems International con el mismo número, IN123847, pero por montos diferentes. Una, emitida en septiembre de 2015, era por 13,150 dólares; la segunda, de octubre de 2016, ascendía a 26,950 dólares.
Aunque las Fuerzas Armadas solicitaron únicamente el pago de la segunda, el Comité Técnico tramitó ambas, provocando un desembolso de 40,100 dólares, equivalente a L935,664.51. Para el TSC, la falta de verificación de los documentos “puede constituir un delito de malversación de fondos o fraude contra la administración pública”.
Otro hallazgo golpea directamente los registros patrimoniales del Estado: es que el 31 de diciembre de 2014 se registraron L333,998,985.12 relacionados con la adquisición del avión Legacy y helicópteros Bell, pero la operación fue contabilizada como gasto y no como activo estatal.
La Dirección Nacional de Bienes del Estado informó en 2024 que no tenía registro de la adquisición del Legacy 600, mientras que la Fuerza Aérea Hondureña sí lo había incorporado a sus inventarios con la matrícula FAH-001.
El entonces comandante general de la FAH, Jorge Alberto Fernández López, dejó constancia del registro de la aeronave en los inventarios militares.
Posteriormente, el subsecretario de Defensa, Orlando Garner Ordóñez, confirmó sus características: Embraer Legacy 600, serie 14501041, matrícula FAH-001 y dos motores AE3007A1E.
Para el TSC, que la aeronave apareciera en los inventarios de la Fuerza Aérea, pero no como activo en los registros patrimoniales correspondientes, evidencia una posible inconsistencia en el tratamiento contable de un bien público de alto valor.
Viáticos
El mantenimiento del avión presidencial también implicó millonarios gastos de viaje para personal de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).
Entre 2016 y 2019, se asignaron viáticos a militares que, según la institución, participaron en misiones relacionadas con el mantenimiento del Legacy 600, así como en entrenamientos en el extranjero y vuelos solicitados por Casa Presidencial.
En sus conclusiones, el TSC señala L11,085,602.14 en gastos de viaje. Sin embargo, el cuadro de asignaciones incluido en el propio informe suma L11,507,347.39.
Entre quienes aparecen con los montos más altos están Marco Tulio Gonzáles Aguilar, con L2,519,736.13; Elvin Midel Oyuela Álvarez, con L1,926,424.61; Gerson Ali Rodríguez Pineda, con L1,923,365.33; Franklin Nectaly Galo Zúniga, con L1,911,062.77; y Noé Donay Hernández Hernández, con L1,837,468.89.
El TSC también contrastó esas asignaciones con los registros del Banco Central de Honduras (BCH) y encontró transferencias por L9,075,440.25 a personal de la FAH durante el período revisado. La diferencia entre los montos asignados y los transferidos forma parte de la documentación analizada por los auditores.
El principal cuestionamiento, sin embargo, está en el respaldo de esos desembolsos. Cuando el TSC pidió comprobar cómo se utilizaron los viáticos, la FAH informó que no encontró facturas de hotel, transporte u otros documentos que respaldaran las liquidaciones.
La institución explicó que el procedimiento consistía en presentar copias del pasaporte y, cuando correspondía, los boletos aéreos, pero tampoco proporcionó una normativa específica que explicara cómo el Comité Técnico determinaba los montos entregados.
Para el TSC, esa falta de documentación impidió comprobar adecuadamente el destino de los recursos y limitó la trazabilidad y transparencia del dinero público.
Alquiler
El último hallazgo involucra a Pegasus S.A. En octubre de 2014, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad autorizó fondos para poner nuevamente en servicio los helicópteros FAH-947 y FAH-948.
La resolución tenía una vigencia de seis meses y perdió validez el 11 de abril de 2015. Pese a ello, en diciembre de 2016 se emitieron facturas a favor de Pegasus por L4,767,860, y el dinero fue transferido en enero de 2017 mediante dos pagos: uno de L2,285,700 y otro de L2,482,160.
Los auditores también encontraron diferencias en la documentación de esos pagos. Mientras los registros contables los describían como “servicio de transporte aéreo”, las facturas indicaban que se trataba de arrendamiento. Además, el TSC no encontró documentación suficiente que demostrara qué servicio prestó efectivamente Pegasus.
A esto se sumó un cobro de L323,760 por Impuesto Sobre Ventas (ISV) en una de las facturas, pese a que los bienes y servicios adquiridos con recursos del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional estaban exonerados de ese impuesto.
