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Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigará el pago de 15.9 millones de lempiras adjudicados a la construcción de dos salones presidenciales durante la gestión de Rebeca Raquel Obando en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La información fue confirmada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Anny Ochoa, quien indicó que la auditoría sobre los dos salones, construidos como un anexo al edificio principal del Poder Judicial en Tegucigalpa, ya forma parte de las investigaciones que desarrolla el ente contralor sobre la administración de Ráquel Obando.
“Sin duda esperaré que las auditorías que del Tribunal Superior de Cuentas se realicen; ellos nos indicarán las estimaciones de los valores correspondientes, si los valores de construcción que actualmente tenemos con las alzas que se puedan dar o no”, apuntó la funcionaria.
Ochoa agregó que corresponderá al TSC determinar si el incremento registrado en el costo final de la obra responde a criterios técnicos y financieros justificados.
Sobre los pagos
La investigación surge luego de que EL HERALDO revelara, el pasado 22 de junio, que el proyecto denominado “Construcción de salones de reuniones para la Presidencia, anexos al edificio principal de Tegucigalpa, Francisco Morazán” pasó por una licitación pública declarada fracasada, una posterior licitación privada y la participación de una empresa que originalmente no figuraba entre las compañías invitadas al proceso de construcción.
Documentos oficiales obtenidos por este rotativo establecen que la obra fue adjudicada en 2024 a la empresa Servicios de Ingeniería (SERIN) por 12.9 millones de lempiras.
No obstante, para mayo de 2026, el valor del proyecto ascendía a 15.9 millones de lempiras, lo que representa un incremento cercano a tres millones de lempiras respecto al monto inicial de adjudicación.
La documentación revisada por este rotativo revela que el proyecto intentó adjudicarse inicialmente mediante la Licitación Pública Nacional N.º 10-2023, publicada el 5 de junio de 2023, en la que participaron cuatro empresas.
Sin embargo, ese procedimiento fue declarado fracasado mediante una resolución emitida por el Poder Judicial el 4 de marzo de 2024, luego de que las ofertas económicas superaran los 11 millones de lempiras.
Ante la decisión, el Poder Judicial justificó la decisión argumentando que no contaba con disponibilidad presupuestaria para cubrir los montos presentados por los oferentes.
Sin embargo, en mayo de 2024, el Poder Judicial autorizó la Licitación Privada N.º 04-2024 para continuar con el proceso de contratación mediante la invitación directa a empresas.
Aunque SERIN no figuraba entre las compañías invitadas a participar en esa licitación privada, presentó una propuesta por iniciativa propia de 12.9 millones de lempiras, es decir, casi dos millones de lempiras más que el monto por el cual la institución había declarado fracasada la licitación pública debido a la falta de presupuesto.
Los documentos oficiales indican que la construcción de los dos salones presidenciales fue justificada por la necesidad de ampliar los espacios destinados a reuniones institucionales dentro del Poder Judicial.
Según los expedientes, ambos salones tendrían una capacidad mínima para 50 personas y estarían destinados a atender la demanda operativa de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y de los demás órganos del Poder Judicial.
Con la auditoría en curso, el Tribunal Superior de Cuentas deberá establecer si el incremento en el costo del proyecto se ajustó a criterios técnicos y legales o si existen hallazgos que den lugar a la deducción de responsabilidades conforme al resultado de la investigación.
