Esta semana, Diario EL HERALDO publicó los resultados de una investigación sobre el proyecto denominado “Construcción de salones de reuniones para la Presidencia, anexos al edificio principal de Tegucigalpa, Francisco Morazán” en la Corte Suprema de Justicia, ejecutado durante la gestión de la ahora expresidenta de ese poder del Estado, Rebeca Ráquel Obando.
En un primer momento, la licitación fue declarada fracasada por “falta de disponibilidad presupuestaria para cubrir los montos ofertados” por las cuatro empresas participantes, cuyas propuestas superaban los 11 millones de lempiras.
Sin embargo, posteriormente, el Poder Judicial adjudicó el proyecto -a través de una licitación privada- a una constructora que presentó una oferta que superaba en más de un millón de lempiras las propuestas que originalmente motivaron la declaratoria de fracaso de la licitación pública nacional. Se detalló que, al final, las obras terminaron costando más de 15 millones de lempiras.
El caso ha quedado expuesto ante la opinión pública. Ahora, son los organismos contralores del Estado los llamados a investigar de oficio y deducir responsabilidades a quienes corresponda, si se comprueba que se cometieron anomalías en el proceso.
No desconocemos que las condiciones de infraestructura de muchas dependencias del Poder Judicial son precarias, pero resulta inevitable cuestionarse: ¿era necesaria una inversión millonaria en dos salones de sesiones cuando existen problemas estructurales urgentes por atender, como la mora judicial? ¿Por qué no invertir esos recursos en personal, equipamiento, capacitación de jueces y en la ampliación del número de tribunales?
El Poder Judicial y la actual administración de la Corte están obligados a dar una respuesta contundente ante un hecho que la opinión pública no puede, ni debe, pasar por alto.
