Tegucigalpa, Honduras.- Diversos actores de la sociedad advirtieron que Honduras requiere un proceso de traspaso de poder marcado por la responsabilidad institucional, la transparencia y el respeto a la voluntad popular.
La administración de la presidenta Xiomara Castro deberá entregar el poder al candidato que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declare oficialmente como ganador, ya sea Nasry Asfura, del Partido Nacional, o Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, advierte que Honduras enfrenta un riesgo grave al no contar con un protocolo formal de transición.
Señala que, en ausencia de reglas claras, se multiplican prácticas perjudiciales como nombramientos de última hora, adjudicaciones irregulares, contratos acelerados y préstamos injustificados que comprometen las finanzas del nuevo gobierno.
Castañeda enfatizó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) deben involucrarse de inmediato para garantizar el cierre ordenado de instituciones, la actualización de portales de transparencia y la preservación de documentación.
De lo contrario, aseguró, cada administración termina comenzando “desde cero” entre despidos masivos, archivos desaparecidos y caos administrativo.
El representante de ASJ señaló, además, que el Congreso Nacional debería emitir un decreto que blinde al Estado frente a decisiones irresponsables de funcionarios salientes. Sin embargo, aseguró que existe una resistencia política abierta: funcionarios que se niegan a entregar información o a poner su cargo a disposición porque así lo ordenó su partido.
“Hay funcionarios que han manifestado que no van a entregar porque esa es la directriz de su gobierno y eso ya incurre en delitos. No colaborar con la transición es una violación a las disposiciones constitucionales y al interés del pueblo hondureño", explicó
Castañeda adviertió que el país enfrenta un escenario de crisis agravado por la pugna de poder, la falta de acuerdos dentro del CNE y la disputa entre dos congresos: uno que opera desde la Comisión Permanente, al que considera “ilegal”, y otro de 75 diputados que sesionó en octubre. En este ambiente, aseguró, el riesgo de un conflicto mayor es real.
