Tegucigalpa, Honduras.– Tras la extensa comparecencia del fiscal general suspendido, Johel Zelaya, la comisión especial del Congreso Nacional continuó la audiencia de notificación de juicio político con la declaración de siete testigos, quienes denunciaron presuntas irregularidades, abusos de autoridad, persecución política y violaciones a derechos fundamentales durante la gestión del funcionario.
El primero en declarar fue Raúl Amílcar Rivera Montoya, empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien aseguró que fue afectado directamente por actuaciones del Ministerio Público durante la investigación del transporte de material electoral en las primarias de 2025.
Según relató, Zelaya expuso públicamente su nombre y el de sus compañeros sin que existiera un juicio previo, lo que, afirmó, vulneró su presunción de inocencia.
Rivera sostuvo que ese señalamiento le costó su empleo y afectó emocionalmente a su familia. Además, señaló que el Ministerio Público confundió funciones dentro del CNE, atribuyendo responsabilidades logísticas a una comisión técnica que, según explicó, únicamente elaboraba pliegos y emitía recomendaciones, sin intervenir en transporte ni verificación de unidades.
En la misma línea, Dennis Emilio Hércules Rosa, abogado y exfuncionario del CNE, denunció que fue acusado sin fundamentos tras el colapso logístico del 9 de marzo de 2025. Indicó que el requerimiento fiscal en su contra coincidió con el final de su contrato y lo señaló de delitos como fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Hércules afirmó que se trató de una “justicia selectiva”, al cuestionar que no se investigara a miembros de las Fuerzas Armadas, responsables constitucionales del resguardo del material electoral. Añadió que tanto él como otros implicados han sufrido consecuencias económicas y emocionales por lo que calificó como una persecución sin causa.
Posteriormente, el auxiliar fiscal Fabricio Perdomo denunció una serie de supuestos abusos laborales dentro del Ministerio Público, incluyendo descensos, reducción salarial y medidas administrativas sin sustento legal. Aseguró que estas decisiones fueron firmadas en un mismo día por Zelaya y que buscaban forzarlo a abandonar su cargo.
Perdomo afirmó que no se trata de un caso aislado, sino de una práctica recurrente que afecta a otros fiscales que, según dijo, no denuncian por temor. También mencionó presiones en casos de alto impacto, incluyendo intentos de modificar requerimientos fiscales.
El abogado Ricardo Adolfo Núñez Zavala relató haber sido destituido como director del Programa de Protección a Testigos tras un incidente relacionado con la seguridad del exfiscal Daniel Cibrián. Según su testimonio, la molestia del entonces fiscal general derivó en su remoción y en la suspensión de medidas de protección para Cibrián, pese a existir evaluaciones de riesgo.
Núñez advirtió que retirar esquemas de seguridad a personas en riesgo podría exponerlas a represalias, especialmente en casos vinculados a investigaciones sensibles.
Por su parte, Antonio Kattan, quien guarda arresto domiciliario acusado de planear el asesinato del expresidente Manuel Zelaya Rosales, aseguró que fue señalado sin pruebas. Relató que su detención respondió, según dijo, a la necesidad de presentar un caso mediático, y afirmó que incluso fiscales le habrían indicado que no existían elementos suficientes en su contra, pero que actuaban por órdenes superiores.
Kattan describió las condiciones de su detención, asegurando que permaneció en máxima seguridad sin contacto con el exterior, lo que, según dijo, causó un fuerte impacto en su familia.
La fiscal Jessica Ninoska Matute ofreció uno de los testimonios más extensos, al relatar que su esposo, el fiscal Santiago René Moncada Tauseda, fue trasladado a La Mosquitia tras cuestionar la legalidad del nombramiento de Zelaya. Según afirmó, ese traslado marcó el inicio de un deterioro en su salud que no fue atendido adecuadamente.
Matute aseguró que su esposo fue sancionado y obligado a permanecer en condiciones adversas pese a presentar problemas médicos. Relató que su estado empeoró progresivamente hasta que falleció tras ser atropellado en febrero de este año en la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, hecho que vinculó con el abandono institucional y las decisiones administrativas adoptadas en su contra.
Finalmente, la fiscal Claudia Paz declaró que fue removida de su cargo tras negarse a modificar un requerimiento fiscal en un caso contra el exalcalde Adán Fúnez. Según indicó, recibió presiones directas y posteriormente fue sometida a acciones disciplinarias por desobedecer órdenes superiores.
La audiencia de testigos se desarrolló tras la comparecencia del fiscal suspendido y forma parte de la etapa de investigación del juicio político, cuyo informe será posteriormente remitido al pleno del Congreso Nacional, instancia que decidirá si Zelaya es destituido o restituido en el cargo.
