Atlántida, Honduras.- Integrantes del pueblo garífuna mantienen un campamento en Playa Uva, en el archipiélago de Cayos Cochinos, Honduras, para defender el acceso a su territorio ancestral y rechazar el rodaje del reality show español "Supervivientes".
La tensión en la zona aumentó drásticamente tras una orden judicial de desalojo en contra de los integrantes del campamento. Los manifestantes exigen permanecer en su territorio y denuncian que la producción del programa limita temporalmente el acceso a sus propias playas.
Asimismo, diversas organizaciones garífunas cuestionan con dureza el excesivo despliegue de fuerzas de seguridad destinado a ejecutar dicha medida de desalojo.
Reacciones
Ante esta situación, Miriam Miranda, destacada defensora de los derechos humanos y ambientales de los garífunas, denunció las acciones estatales: "En este momento están realmente impulsando el desalojo y la represión contra el pueblo garífuna por defender el ambiente, por defender la naturaleza, pero también la consulta previa, libre e informada".
Este conflicto adquiere una profunda dimensión ambiental, ya que el rodaje coincide con la temporada de desove de la tortuga carey, una especie protegida que utiliza las playas del archipiélago para reproducirse.
Humberto Castillo, dirigente garífuna, advirtió sobre esta problemática: "Este mes de septiembre hay una tortuga, la tortuga carey, que hay que proteger aquí, con nuestras leyes ambientales, y eso es complicado, más si hay realitys".
Orígen
Una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fechada en marzo de 2026, establece que el archipiélago de Cayos Cochinos, formado por 11 cayos o pequeñas islas, es en su conjunto “hábitat funcional” del pueblo garífuna.
Dicha resolución obliga al Estado hondureño a garantizar el derecho a consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), antes de que se instale cualquier proyecto extractivista, incluida la producción de un reality show español en cualquiera de las islas.
Paradójicamente, el Estado español otorga subvenciones a la Corte IDH para financiar proyectos clave orientados al seguimiento del cumplimiento de sentencias en América Latina.
