Tegucigalpa, Honduras.- Aunque los fondos públicos debían destinarse a obras sociales e infraestructura comunitaria, no existe una sola liquidación que respalde su uso, denunció ayer la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), una coalición de organizaciones de sociedad civil. Según la denuncia, al menos L400,052,797.00 en subvenciones legislativas han sido canalizados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sin documentación probatoria ni evidencia de una ejecución eficiente y transparente.
La asignación y uso de estos recursos -afirman- carecen de control, fiscalización y violan el principio de legalidad.
La mayoría de estos fondos han sido otorgados a diputados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), lo que ha generado fuertes cuestionamientos por su posible uso con fines proselitistas y clientelares.
“Estas transferencias han sido objeto de múltiples cuestionamientos por su aparente utilización con fines proselitistas por parte de congresistas que buscan su reelección, lo cual podría constituir una desviación de poder y una vulneración a los principios de legalidad, rendición de cuentas y equidad en la competencia política”, subraya la denuncia.
Uno de los casos más señalados es el de Isis Cuéllar, diputada por Copán, quien recibió L37.5 millones, y cuya entrega de fondos ha sido vinculada directamente al ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, a través de un video difundido en redes sociales.
El caso está siendo investigado por el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Otros beneficiarios con montos elevados incluyen a Silvia Ayala (L19 millones), Edgardo Casaña, Luz Angélica Smith y Fabricio Sandoval (L18.9 millones cada uno), y Hugo Noé Pino (L18.5 millones).
A pesar de los millones desembolsados, ni el Congreso Nacional ni Sedesol han publicado informes de auditoría. Tampoco se conoce una sola rendición de cuentas pública por parte de los diputados que han gestionado estos fondos.
Esquema de corrupción
Según la RDD, este esquema recuerda al extinto Fondo de Desarrollo Departamental, pero con mayor discrecionalidad y sin techos de asignación.
“Antes era malo manejar fondos desde el Congreso. Ahora se hace bajo otra figura y con montos mucho más altos”, afirmó Melissa Elvir, integrante de la red.
“Hay diputados que han manejado L20 o hasta L40 millones, y no hay ni una auditoría disponible”, agregó.
La organización señala que este patrón de uso político de fondos públicos afecta directamente los principios de legalidad, equidad en la competencia política y rendición de cuentas.
El documento presentado también destaca que, en los presupuestos generales de 2023, 2024 y 2025, se autorizó una línea presupuestaria de hasta L950 millones para proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas gestionadas por patronatos, alcaldías o juntas de agua. Sin embargo, no hay evidencia pública de su correcta ejecución.
Además, la RDD advirtió sobre otros posibles desvíos de fondos públicos a través de diferentes instituciones del Estado, supuestamente utilizados para beneficiar a candidatos, partidos o movimientos políticos mediante programas sociales y subsidios legislativos sin mecanismos de control eficaces.
