Tegucigalpa, Honduras.- La decisión de Estados Unidos de cancelar y negar visas a tres altos funcionarios por vinculaciones al proceso electoral abrió el debate sobre qué sigue tras estas sanciones diplomáticas, a lo que expertos consideran como el inicio de una medida más amplia.
El Gobierno estadounidense revocó la visa al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, mientras que negó el visado al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.
Según autoridades norteamericanas, las acciones se deben a su presunta participación en obstaculizar el escrutinio electoral y debilitar el Estado de derecho tras las elecciones generales del 30 de noviembre.
Para los analistas, la acción de Estados Unidos envía un mensaje claro.
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, afirmó que la cancelación de visas “no será un hecho aislado” y advirtió que más diputados, altos funcionarios e incluso otros actores del sistema de justicia podrían enfrentar sanciones similares.
“Esto es solo el comienzo. Hay más personas que han atentado contra la democracia y el Estado de derecho, y la comunidad internacional lo está observando”, sostuvo.
Maldonado consideró que Estados Unidos busca presionar para que se garantice la transparencia del proceso electoral.
Otros sectores coinciden en que las medidas podrían ampliarse si persisten los bloqueos al escrutinio y la falta de consensos en los órganos electorales, lo que mantendría en incertidumbre el panorama político del país.
Para el analista Olban Valladares, este zarpazo de Washington es apenas el inicio de una "purga internacional" necesaria.
Valladares advirtió que la lista de sancionados aún "se queda corta", sugiriendo que hay más políticos y altos mandos que han conspirado contra el Estado de derecho y que pronto verán cerradas las puertas de la nación del norte
En medio del debate, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, instó abiertamente a Estados Unidos a cancelar la visa a funcionarios y políticos que se opongan a que continúe el escrutinio electoral, argumentando que quienes bloquean el proceso democrático no pueden presentarse como defensores de la institucionalidad.
"Si alguien teme al conteo de votos, es porque algo esconde", expresó Contreras, sumándose a las voces que respaldan la presión internacional como mecanismo para garantizar elecciones transparentes.
La cancelación de visas se da en un contexto de creciente tensión entre Honduras y Estados Unidos, luego de que Washington manifestara su preocupación por la demora en la divulgación de resultados oficiales y la falta de avances claros en el proceso de verificación electoral.
Por su parte, sectores oficialistas califican las sanciones como injerencia.
Luis Redondo rechazó públicamente la decisión y la calificó como un acto de injerencia extranjera, asegurando que Honduras es un país soberano.
"No más injerencia, no más presiones ni condicionamientos", expresó en redes sociales, citando normas del derecho internacional para respaldar su postura.
En tanto, Marlon Ochoa ha denunciado que la medida forma parte de una estrategia política internacional.
Expertos cuestionan si seguirán más nombres en la lista de desvisados, y señalan que la respuesta dependerá de si las autoridades garantizan un escrutinio transparente y respetan las reglas democráticas, o si la crisis política continúa profundizándose, indican.
