Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) afirmaron este viernes que la Secretaría de Defensa está ahora en manos de un señalado violador de los derechos humanos.
"A tan solo 24 horas de haber cesado en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Presidenta de la República, Xiomara Castro, procedió a nombrar al General Roosevelt Hernández como Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, decisión que resulta profundamente preocupante y reprochable, al constituir un acto de legitimación y aparente premio político a una persona señalada públicamente por abuso de poder, amenazas y conductas incompatibles con el ejercicio de una función civil de tan alto nivel", cuestionan las asociaciones de derechos humanos.
Afirman que este nombramiento "ignora los serios cuestionamientos de la sociedad civil, del gremio periodístico y de organizaciones de derechos humanos, y contradice los principios de idoneidad, probidad y sujeción al control civil democrático de las fuerzas armadas, debilitando la institucionalidad y enviando un mensaje de tolerancia frente a posibles violaciones a los derechos humanos".
"Exigimos al Ministerio Público, que ha demostrado diligencia en otros casos que involucran a ciertos funcionarios públicos, ordenar de manera inmediata, exhaustiva, imparcial y objetiva la investigación de los hechos denunciados", piden las asociaciones.
"ASOPODEHU y JOPRODEH alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los riesgos que este nombramiento representa para la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa en Honduras", denuncian.
Agregan que "no puede hablarse de transformación ni de Estado de derecho mientras se coloquen en cargos estratégicos a personas señaladas por prácticas autoritarias y violatorias de derechos fundamentales".
"Las violaciones a derechos humanos son imprescriptibles y no desaparecen con el cambio de un cargo, son perseguibles y sancionables en países con estados de derecho robustos, aunque por el momento Honduras pasa por la peor etapa de deterioro institucional no nos rendimos en continuar nuestra lucha para que prevalezca la justicia y se combata la impunidad", afirman.
"Honduras merece instituciones dirigidas por personas íntegras, sujetas a la ley y respetuosas de los derechos humanos", finalizan
