Tegucigalpa, Honduras.- La exfiscal Nilia Ramos cuestionó la determinación judicial de decretar secretividad en el juicio oral contra los señalados por el caso de trata de personas vinculado a la desaparición de Angie Peña, dejando entrever que con esa decisión se estaría tratando de tapar identidades de políticos.
Durante una entrevista con Noticieros Hoy Mismo, la abogada consideró que ya no existe justificación para mantener el expediente en reserva, argumentando que la medida buscaba mantener oculta la identidad del testigo protegido que fue revelada públicamente, y que además falleció.
"No hay razón ya en estos momentos para decretar secretividad del expediente", afirmó Ramos, quien agregó que la reserva judicial impide conocer a detalle si hay diputados o funcionario del Ejecutivo involucrados en el caso.
La abogada sostuvo que el artículo 237 del Código Procesal Penal faculta a los tribunales a decretar secretividad en ciertos procesos, pero consideró que ese fundamento perdió vigencia en esta causa.
"Ya el artículo 237 del Código Procesal Penal, que establece que se puede decretar secretividad, para este caso ya no tiene razón", indicó la jurista tras justificar su posición.
Ramos remarcó que la reserva se había ordenado originalmente para proteger al testigo protegido del proceso, cuya identidad, dijo, salió a luz por los propios abogados de los acusados y otras personalidades.
"Si él ya está muerto, que era el testigo protegido, ¿qué más quiere ocultar el Poder Judicial?", cuestionó la abogada, en referencia al fallecimiento del testigo del caso.
Para Ramos, la secretividad ahora protegería a otros implicados. "¿Qué más quiere ocultar el Poder Judicial? Lo que quiere ocultar son esos que están ahorita gobernando y que están impartiendo leyes o decretando o aprobando leyes en el Poder Judicial, que también hay muchos de ellos involucrados en los Deltas", agregó Ramos.
En los últimos días el Tribunal de Sentencia, a través de la Sala 1 de Jurisdicción Nacional, determinó que el proceso contra cuatro imputados se desarrollará en total privacidad, sin acceso para la prensa ni para personas ajenas a la causa.
El abogado defensor Álvaro Arévalo confirmó esa medida y afirmó que el Ministerio Público se amparó en que la difusión de detalles del expediente podría poner en riesgo la vida de Angie Peña, a quien la fiscalía considera con vida.
El testigo protegido al que se refirió Ramos era Dereck Isaac McNeil James, un exfuncionario judicial que fue asesinado a disparos en agosto de este año en Roatán.
El juicio contra los señalados por el caso de la desaparición de Angie Peña, ocurrida en enero de 2022 en Roatán, está programado para desarrollarse del 7 al 14 de septiembre en la Sala Primera del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada.
