Tegucigalpa, Honduras.−Con alabanzas, lágrimas y expresiones de gratitud, los miembros de la iglesia Aposento Alto celebraron este viernes el reciente fallo emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que admitió un recurso de amparo y suspendió el desalojo de su congregación.
Esta resolución judicial, tomada por unanimidad de los magistrados, fue interpretada por los fieles como una señal divina de esperanza en medio del conflicto legal que tienen con la congregación Asambleas de Dios.
Aunque la decisión de la CSJ no resuelve de forma definitiva el conflicto, sí ordena la suspensión provisional del acto reclamado, lo que significa que se detienen los efectos legales del desalojo mientras se analiza en profundidad el caso.
Esta suspensión busca evitar lo que en derecho se llama “daño irreparable”: una afectación que, de ejecutarse, no podría ser corregida ni reparada aunque posteriormente se dicte una sentencia favorable.
La medida busca prevenir posibles daños jurídicos irreversibles mientras la Corte examina si se vulneraron derechos fundamentales. Sin embargo, dieron a los miembros la oportunidad de quedarse con la infraestructura.
Según la defensa de Aposento Alto, en el proceso se habrían violado derechos constitucionales relacionados con la representación legal, la administración de bienes y el patrimonio eclesiástico, es decir, los recursos y propiedades pertenecientes a la iglesia.
Con esta decisión, la Sala considera válido el reclamo inicial y da paso a un análisis jurídico más profundo sobre la disputa, lo que representa un avance en el proceso.
Ambas partes deberán ahora esperar el fallo definitivo, que podría establecer precedentes importantes para resolver futuros conflictos entre organizaciones religiosas en el país.
El conflicto entre Aposento Alto y Asambleas de Dios tiene su origen en la lucha por el control del templo ubicado en la colonia El Pedregal de Comayagüela.
En días previos al fallo judicial, miembros de la iglesia fueron desalojados por la Policía Nacional tras una orden judicial.
Las escenas registradas fueron tensas, ya que ancianos suplicaban que no los sacaran, niños oraban en voz alta y decenas de adultos lloraban al ver cómo se cerraban las puertas de un templo que ellos ayudaron a construir con años de esfuerzo, ventas, rifas, donaciones y jornadas de voluntariado.
“Los de Asambleas de Dios nunca movieron un dedo por esta iglesia”, afirmó uno de los miembros mientras indicaba las actividades con las que, según ellos, lograron levantar el edificio.
Los desalojados aseguran que no se les informó adecuadamente del procedimiento y que no se les dio oportunidad de defenderse ante las autoridades judiciales, lo cual constituye una violación a lo que se conoce como el “debido proceso”, principio que garantiza a toda persona el derecho a ser escuchada, a recibir notificación formal de cualquier acción legal en su contra y a presentar pruebas antes de que se dicte una decisión.
En respuesta, la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios publicó un comunicado afirmando que su intención no es despojar a la congregación, sino restablecer el orden administrativo.
Alegaron que poseen las escrituras del inmueble, lo que los acredita como propietarios legales.
“La Conferencia no pretende quitarle nada a nadie. Solo vamos a nombrar un pastor autorizado por la Asamblea, y el templo permanecerá abierto para toda la congregación”, explicó su abogado.
También informaron que establecerán una comisión de transición, compuesta por miembros del propio templo y supervisada por las autoridades regionales de la organización, hasta que se nombre una nueva figura pastoral.
Sin embargo, el verdadero conflicto comenzó en 2021, tras la muerte del pastor Luis Alberto Cálix, fundador y líder histórico de Aposento Alto.
Su fallecimiento dejó un vacío de liderazgo que rápidamente generó divisiones internas.
Desde entonces, se formaron dos grupos: uno que busca continuar con la independencia administrativa de la iglesia y otro que cuenta con el respaldo de las Asambleas de Dios, que reclama derechos sobre el templo.