Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Partido Liberal y alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, respaldó la decisión de iniciar un juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, al tiempo que rechazó que la medida responda a una decisión individual dentro del Poder Legislativo.
“Lo primero que hay que aclarar es que esta no es la decisión del presidente del Congreso (...) esta es la decisión de cuatro bancadas”, afirmó Contreras a Hoy Mismo, en referencia al proceso aprobado la noche del lunes 23 de marzo en el Congreso Nacional.
El edil detalló que fueron las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, PINU y Democracia Cristiana las que impulsaron la moción, sumando un total de 93 votos. “Noventa y tres congresistas representando al pueblo hondureño dijeron: el juicio político va”.
En ese contexto, señaló que ahora corresponde garantizar el debido proceso al fiscal general, aunque cuestionó su actuación previa. “Ahora lo que se le debe garantizar (...) es el debido proceso, el cual él no le garantizó a funcionarios de la Municipalidad de San Pedro Sula”, sostuvo, al referirse a casos en los que, según dijo, hubo detenciones injustificadas, entre ellas la de su yerno Steve Fajardo.
Contreras afirmó que la decisión del Legislativo envía un mensaje claro en materia institucional. “Ningún funcionario, ningún fiscal está por sobre la ley o por sobre la Constitución de la República”.
Asimismo, el dirigente liberal consideró que el país podría entrar en una nueva etapa en materia de justicia. “Se avizora un nuevo horizonte (...) con una justicia ya no selectiva”, manifestó, al tiempo que criticó que anteriormente se habría perseguido a sectores no afines al Partido Libertad y Refundación.
Durante sus declaraciones, también planteó que otros funcionarios deberían someterse a procesos similares, mencionando a Marlon Ochoa, así como a figuras vinculadas a decisiones judiciales y políticas recientes, al considerar que “socavaron las bases de la democracia”.
Contreras reiteró que el fiscal general deberá enfrentar el proceso con todas las garantías legales, pero también asumir las consecuencias. “Que le garanticen el debido proceso (...) y que vaya ahora a sentir lo que es andar buscando abogados para que lo defiendan”, concluyó.
