Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional suspendió de su cargo al fiscal general Johel Zelaya tras admitir una denuncia de juicio político en su contra, por lo que Marcio Cabañas asumirá de manera interina la titularidad del Ministerio Público.
La decisión se tomó luego de que el pleno legislativo alcanzara más de 86 votos con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, PINU y Democracia Cristiana, según lo informado por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.
La suspensión se mantendrá mientras se desarrolla el proceso de investigación, conforme a lo establecido en la normativa, que también contempla la integración de una comisión especial encargada de analizar las pruebas y emitir un dictamen.
Tras conocerse la resolución, Zelaya reaccionó públicamente y aseguró que enfrentará el proceso con tranquilidad. “Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional les informo que recibo el inicio del juicio político en mi contra con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”, expresó.
El fiscal suspendido afirmó que comparecerá ante el Congreso cuando sea convocado. “En apego a la Constitución de la República, compareceré ante el Congreso Nacional de frente cuando el pleno me convoque, para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos que se han realizado, siempre con objetividad y respeto al marco legal”, añadió.
En su mensaje, sostuvo que no teme al proceso. “No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño”, manifestó.
La denuncia presentada contra el fiscal general lo acusa de actuaciones contrarias a la Constitución, así como de negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio del cargo, especialmente en el contexto del proceso electoral de 2025.
El documento también señala presuntas acciones del Ministerio Público que habrían afectado la autonomía de órganos electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), además de otras actuaciones consideradas irregulares.
El proceso continuará con la investigación legislativa y, una vez concluida, el pleno del Congreso deberá decidir si procede o no la destitución definitiva del funcionario.
