Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra exfuncionarios de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP) y representantes de una fundación, acusados de fraude y uso de documentos falsos en perjuicio del Estado.
Los señalados son: Cristy Dayanara Sánchez Valle (excoordinadora técnica), Tania Michell Montoya Zepeda (exgerente administrativa y financiera), Mario Roberto Reyes López (exdirector del Programa de Vivienda Social), Leyla Patricia Rubio Valladares (excoordinadora de Presupuesto), así como Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berrios Salinas, representantes de la Fundación Ayudando con Amor.
Según las investigaciones, los acusados se coludieron para utilizar fondos del fideicomiso SITEC —ya derogado en ese entonces— y firmaron un convenio con la fundación con el supuesto propósito de ejecutar proyectos sociales que nunca se realizaron.
El convenio estipulaba un desembolso de L 39.5 millones bajo la figura de donación, a pesar de que la UCP no estaba facultada legalmente para otorgar donaciones, ya que los recursos administrados provenían de la Tasa Vehicular, impuestos registrales y de traslación de dominio, canalizados a través del fideicomiso.
Un año después, de acuerdo con la investigación, los fondos comenzaron a transferirse mediante cheques a cuentas controladas por los imputados.
Para justificar los pagos, indica la investigación, se presentaron documentos falsos, lo que permitió materializar un esquema de desvío y saqueo de recursos públicos.