TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de una renuencia absoluta del magisterio ante la pretensión de reformar la vigente ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), la propuesta será enviada nuevamente a una socialización.
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No obstante, en esta ocasión el consenso será realizado de manera distrital, debido a que en el intento anterior se llevó a cabo a nivel departamental, lo que ocasionó una serie de protestas de maestros frente al instituto y Casa Presidencial.
“Primero lo hicimos de manera departamental, ahora lo haremos a nivel de distrito y de centros educativos. Ya básicamente estamos en las etapas finales, faltarán un par de actividades para luego tener una reunión en la Asamblea de Participantes y Aportantes (APA), donde se están recogiendo los insumos de las asambleas”, explicó Héctor Díaz, comisionado presidente del Inprema.
¿Cuáles son los cambios en la reforma?
EL HERALDO conoció que esta nueva ley será enfocada bajo tres factores fundamentales para el crecimiento y rentabilidad del Inprema, mismos que no están siendo focalizados en la actual normativa.
En primer lugar, se excluirá a la empresa privada del proceso de elección y selección de los tres directores que deberán tomar el mando este año, luego de que la intervención actual concluya con sus labores.
“El Inprema es la única institución del Poder Ejecutivo de la administración pública cuya elección de sus directores se da por una empresa privada. Es decir que se debe contratar a una empresa para seleccionar los candidatos que luego serán analizados para elegirlos”, señaló el funcionario.
Otro factor será la diversificación de la rentabilidad de la institución, es decir que se buscará constituir empresas que brinden servicios o realicen préstamos al magisterio, incrementando las inversiones para las arcas del Inprema.
Por último, se reformarán los beneficios laborales de los más de 19,000 docentes jubilados y pensionados; siendo una de las grandes demandas que han exigido los maestros. Asimismo, se encuentra la reducción en la edad de jubilación de los docentes, pasando de 59 a 55 años como edad máxima.
¿Por qué el rechazo?
Una de las principales razones nace porque los profesores señalan que esta nueva legislación tiene “vacíos legales”; debido a que el nuevo dictamen quitaría inmediatamente el beneficio de las 60 rentas en vida, otorgando a los profesores jubilados 400 mil lempiras por sus servicios prestados.
Asimismo, se encuentran las fechas de contrataciones, el magisterio alega que la reforma que se está impulsando, la cual modificaría la actual legislación -decreto 247-2011-, debería aplicar únicamente para los docentes que fueron contratados mediante esa ley.
Por lo tanto, los maestros que estuvieron amparados bajo la ley de 1980 no deberían ser parte de las modificaciones anunciadas. No obstante, desde el Inprema aseguran que eso es imposible, ya que ese decreto fue derogado.
Frente a las polémicas socializaciones, la Secretaría de Educación afirmó que la ley no será presentada ni al Ejecutivo y Legislativo si los profesores se niegan a darle vigencia.
