Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones campesinas, indígenas y rurales realizaron un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para exigir a la Sala de lo Constitucional que revise la resolución de aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
La manifestación se desarrolló este lunes 26 de octubre, luego de que la Sala rechazara en junio de este año un recurso presentado por varias organizaciones en contra de la legislación, según explicó David Martínez, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Martínez señaló que la decisión judicial favorece el acaparamiento de tierras por parte de sectores agroindustriales y perjudica a las comunidades campesinas que durante décadas han solicitado terrenos para trabajar y garantizar la soberanía alimentaria.
Por su parte, el abogado Víctor Fernández explicó que la Fiscalía de lo Constitucional del Ministerio Público recomendó declarar parcialmente con lugar la acción presentada contra la ley, pero la Sala de lo Constitucional resolvió rechazarla en su totalidad.
Ante esta situación, los manifestantes solicitaron a los magistrados que revoquen la resolución y revisen nuevamente el recurso interpuesto por las organizaciones que cuestionan la normativa.
Asimismo, durante la protesta denunciaron que familias campesinas e indígenas enfrentan situaciones de hostigamiento, criminalización y desalojos en diferentes departamentos de Honduras, lo que, según los manifestantes, agrava los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.
La movilización se suma a los reclamos de organizaciones sociales que cuestionan las disposiciones de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y buscan que las autoridades judiciales revisen las decisiones adoptadas en torno a esta ley.
La normativa, aprobada por el Congreso Nacional y publicada en el diario oficial La Gaceta el pasado 28 de junio, está integrada por 10 artículos y declara inafectables las tierras y mejoras destinadas a la producción agroindustrial, ganadera, energética y turística cuya propiedad esté legalmente inscrita.
