Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) presentó un escrito ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar la protección integral a jueces de paz y magistrados de las cortes de apelaciones que conocen casos relacionados con conflictos territoriales.
La presidenta de la Junta Directiva de la AJD, Fanny Bennett, explicó que la petición busca atender los riesgos que enfrentan los funcionarios judiciales que conocen casos de desalojos, allanamientos y problemáticas sociales vinculadas a los territorios tras la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
“Vamos a presentar un escrito donde se pide a la Sala de lo Penal una solicitud específica que tiene que ver con la protección integral de los jueces, juezas y magistrados de cortes de apelaciones, pero en particular con los jueces de paz”, señaló Bennett.
Jueces de paz: la primera línea de protección
La presidenta de la AJD denunció que los jueces de paz "permanecen expuestos a situaciones que comprometan su integridad física y su vida" cuando son designados para intervenir en determinados conflictos territoriales.
Bennett consideró necesario prevenir y atender estos riesgos de manera integral y pidió garantizar la independencia de los servidores públicos, especialmente de quienes forman parte de la carrera judicial.
“Un llamado urgente para garantizar independencia a los jueces y juezas, especialmente aquellos jueces de carrera independiente, que son la mayoría del Poder Judicial", aseguró.
No obstante, la organización también planteó la necesidad de involucrar al Ministerio Público para una correcta aplicación de la ley dirigida a jueces de carrera cuando su independencia pueda verse comprometida por cumplir con sus funciones.
“Nuestro acompañamiento y nuestra defensa va a ser exclusivamente para aquellos jueces de carrera donde pueda verse comprometida su independencia por hacer lo correcto”, dijo.
Finalmente, Bennett señaló que la AJD mantiene entre sus planteamientos una reforma de modernización, la garantía del principio de justicia abierta y la libertad de expresión de jueces, juezas y demás operadores de justicia cuando sean llamados a tutelar derechos fundamentales.
Sobre la ley
La Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial fue aprobada por el Congreso Nacional el 4 de junio de 2026, con el propósito de establecer mecanismos para proteger las inversiones, tierras y propiedades destinadas a actividades agroindustriales en Honduras.
La normativa declara como prioridad nacional la protección de este sector y plantea medidas frente a las ocupaciones de tierras que, según el Legislativo, afectan la producción, la inversión y la seguridad jurídica de los propietarios.
Uno de los aspectos centrales de la legislación es que establece una respuesta prioritaria de las autoridades ante la ocupación de predios destinados a proyectos agroindustriales.
