Roatán, Islas de la Bahía. Honduras Próspera Inc. (HPI) propuso la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel con instituciones del Estado y otros actores de la sociedad hondureña, con el objetivo de aclarar las condiciones aplicables a la inversión y buscar una salida amistosa a las diferencias relacionadas con Próspera ZEDE.
La propuesta fue planteada en un comunicado emitido el 22 de septiembre de 2026, en el que Próspera se refirió a la denuncia interpuesta por la Procuraduría General de la República contra dos personas vinculadas a Próspera ZEDE. La empresa aclaró que no forma parte de esa denuncia y que no se referirá al proceso judicial.
“HPI no es parte de esa denuncia y no se referirá sobre el proceso, mismo que corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y a las personas denunciadas”, señaló la compañía.
Además, afirmó que llegó a Honduras con el propósito de invertir y generar oportunidades bajo el marco legal que, según la empresa, fue aprobado y publicado por la República. También señaló que desde 2022 ha recibido posiciones diferentes de distintas instituciones estatales respecto a las actividades que puede realizar la inversión.
“Desde 2022 ha recibido señales distintas de distintas instituciones del Estado sobre lo que la inversión puede y no puede hacer, y cada señal contrapuesta conduce a una falta de claridad que HPI ha señalado desde el principio”, indicó.
Ante esta situación, la empresa manifestó que respalda la recomendación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) para instalar una mesa de diálogo y también tomó nota de la apertura expresada por el procurador general el pasado 18 de septiembre.
Próspera planteó que en esa mesa participen la Procuraduría General de la República y otros actores e instituciones considerados clave, tanto del Estado como de la sociedad hondureña. La empresa propuso que el diálogo se desarrolle en dos etapas.
La primera etapa tendría como objetivo determinar “con claridad cuáles normas se aplican hoy a la inversión y cuáles no”. La segunda buscaría encontrar “una salida amistosa, de ser posible, que preserve la inversión y la propiedad adquiridas de buena fe y acorde a la normativa”.
La empresa también citó el punto resolutivo cuarto de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, al señalar que en este se declaran protegidas la inversión y la propiedad adquiridas de buena fe y conforme a la normativa.
“No le corresponde a HPI resolver diferencias entre instituciones hondureñas, pero sí le corresponde aportar a esa mesa la información y las propuestas que ayuden a superarlas”, manifestó la compañía.
También sostuvo que la incertidumbre tiene consecuencias para la inversión y la competitividad del país. “La incertidumbre tiene un alto costo para la competitividad del país. Lo paga HPI, como inversionista de buena fe, en proyectos detenidos y empleos perdidos. Y lo paga Honduras”, afirmó.
De acuerdo con el comunicado, en su punto más alto la inversión de Próspera llegó a generar 3,500 empleos. La empresa aseguró que esos puestos fueron “los mejor pagados por jurisdicción en todo el país según estudios económicos realizados año a año”.
Afirmó que, si se le permite realizar las inversiones previstas, podría contribuir a la generación de nuevas fuentes de empleo. La empresa señaló que busca llegar a un acuerdo con el Gobierno de Honduras que le permita operar y asumió un compromiso de inversión superior a los 1,000 millones de dólares.
“De lograrse un acuerdo con el Gobierno de Honduras para operar, HPI se compromete a atraer inversiones por más de MIL MILLONES DE DÓLARES para el país”, concluyó el comunicado.
Denuncia de la PGR
La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso el 21 de septiembre una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks por los presuntos delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras.
Según la PGR, ambos habrían continuado ejerciendo funciones vinculadas con ZEDE Próspera pese a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró, el 20 de septiembre de 2024, la inconstitucionalidad, con efecto ex tunc, de la reforma constitucional y las leyes que sustentaban las ZEDE.
La institución señaló que la resolución, publicada en La Gaceta el 25 de noviembre de 2024, establece que ningún nombramiento emitido por el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), ni las actuaciones derivadas de estos, tienen validez jurídica. Sin embargo, según la denuncia, Colindres Castillo habría continuado presentándose como autoridad de una supuesta jurisdicción especial.
La PGR también indicó que el pasado 15 de septiembre Colindres Castillo habría juramentado a Hernández Franks como “Fiscal Civil” de ZEDE Próspera, cargo al que se le atribuyeron funciones relacionadas con jurisdicción, cobro forzoso de tributos y resguardo del orden público. Ante estos hechos, la Procuraduría pidió al Ministerio Público iniciar la investigación penal y preservar de forma urgente la evidencia relacionada con los actos denunciados.
