Tegucigalpa, Honduras.- La reconfiguración de la institucionalidad electoral entró en una fase decisiva que podría prolongarse durante varios meses en el Congreso Nacional.
El proceso para elegir a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como la discusión de reformas a la normativa vigente, enfrenta un escenario legislativo complejo debido a las diferencias políticas e ideológicas entre las distintas fuerzas representadas en el Poder Legislativo.
El camino hacia la renovación de los entes reguladores de los comicios ya completó su primera etapa de evaluación técnica con la depuración de las hojas de vida de los postulantes, un filtro inicial que redujo las opciones a una nómina final de profesionales idóneos.
No obstante, el verdadero desafío radica en concertar los votos necesarios dentro del pleno legislativo para dar paso a las reformas operativas y al nombramiento de las autoridades que dirigirán los próximos eventos democráticos.
"Nosotros ya entregamos el listado de los 24 autopostulantes. Creo que fue un buen trabajo realizado muy objetivo y creo que hemos sido muy poco críticos o que alguien entró por padrinazgo político", expresó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.
La siguiente fase del cronograma de trabajo no contempla una modificación integral e inmediata de las reglas del juego democrático, sino modificaciones puntuales y de carácter operativo orientadas a dinamizar las deliberaciones internas de los entes institucionales.
La prioridad inmediata de la comisión legislativa es reestructurar los mecanismos de votación interna del CNE y del TJE para evitar parálisis administrativas provocadas por la obligatoriedad de resoluciones unánimes, un factor que en el pasado reciente generó estancamiento en la toma de decisiones.
En ese sentido, la meta del cuerpo de diputados encargados del dictamen es suprimir la exigencia de unanimidad en el articulado de las leyes orgánicas y sustituirla por el criterio de mayoría de votos de los consejeros o magistrados.
Con este cambio técnico se busca disolver las camisas de fuerza normativas que posibiliten eventuales boicots a los cronogramas electorales y asegurar que las instituciones mantengan su operatividad regular frente a disidencias internas de sus miembros.
"Yo calculo que en el mes de julio ya la estaremos presentando, para que en el mes de octubre presentemos las otras reformas que son las más profundas, como ciudadanización de las mesas, uso del TREP, uso del biométrico", precisó Rivera Callejas.
El calendario diseñado por la Comisión de Asuntos Electorales denota un avance paulatino que requerirá intensas jornadas de negociación a lo largo del segundo semestre del año, debido a las diferentes visiones partidarias que imperan sobre el sistema de votación y transmisión de resultados.
Mientras se avanzan los trabajos legislativos de las modificaciones operativas, el debate sobre el uso del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y los mecanismos de identificación biométrica quedará postergado para el último trimestre.
El obstáculo principal para acelerar este cronograma radica en la naturaleza de la normativa electoral hondureña, la cual exige una mayoría calificada de 86 votos en la cámara legislativa para cualquier modificación o nombramiento de altos funcionarios.
Esta valla numérica obliga a los partidos políticos a construir alianzas sólidas y de amplio espectro, una tarea compleja en un entorno parlamentario altamente polarizado donde cada bancada evalúa los cambios desde sus propios intereses de competencia electoral.
Selección
La paridad de fuerzas en el Congreso Nacional también condiciona la velocidad con la que se resolverán las vacantes definitivas en las magistraturas y consejerías.
El panorama se torna diferenciado entre aquellos funcionarios que podrían solicitar licencias temporales y las plazas que quedaron vacías debido a procesos de juicio político, renuncias irrevocables o fallecimientos de los titulares, como ocurrió con la exmagistrada del TJE, Miriam Barahona.
Las proyecciones indican que las sustituciones rápidas de autoridades electorales únicamente se lograrán en escenarios de consenso unánime sobre perfiles específicos, mientras que las vacantes complejas requerirán un cabildeo prolongado.
El estancamiento responde a la confrontación de dos tesis político-electorales contrapuestas en el hemiciclo: una corriente que defiende la distribución de cuotas partidistas tradicionales y otra que aboga por la despolitización total mediante la integración de representantes de la sociedad civil organizada.
"Esta creo que va a ser más complicada, más difícil y llevará más tiempo", puntualizó el titular de la Comisión de Asuntos Electorales.
La vinculación entre las reformas a la ley y la selección de las nuevas caras del CNE y TJE resulta indisoluble para los parlamentarios, quienes consideran improductivo nombrar nuevas autoridades si estas van a regirse bajo las mismas pautas legales que propician bloqueos institucionales.
La falta de consensos inmediatos mantendrá en vilo la integración definitiva de los organismos electorales durante los próximos meses, supeditando la estabilidad del proceso a la capacidad de negociación de las bancadas.
