Tegucigalpa, Honduras.- El desarrollo de la audiencia de preposición de medios de prueba en el caso de la compra de los hospitales móviles continúa a la espera de una resolución en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La suspensión del caso surgió luego de que la Sala de lo Constitucional admitiera dos recursos de amparo relacionados con la recusación de los jueces que conocen el caso; cada uno fue presentado por una defensa diferente.
Entre los imputados figura la exministra de Salud Alba Consuelo Flores; la exministra de Finanzas; Rocío Tábora, Carlos Luis Guevara Mondragón, excontador de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H); Carlos Luis Guevara Mondragón, el asesor legal y administrador de contratos de esa institución; Héctor Antonio Herrera Flores, y el representante legal de la empresa AG-Industria; y Daniel Antonio Ardón.
El abogado Juan Carlos Berganza, defensor de Luis Guevara, explicó que el caso se encuentra a la espera de una resolución de Constitucional desde el 20 de agosto.
"El problema radica en que el recurso que presenté fue admitido sin suspensión del acto reclamado; sin embargo, el amparo presentado por la ministra Rocío Tábora, fue admitido con suspensión del acto reclamado, y eso paralizó el proceso", aseguró.
Berganza además reveló que la existencia de la suspensión generó dudas en el Tribunal de Sentencia sobre cómo debe continuar el proceso penal en contra de los imputados.
Ante esta situación, el Tribunal de Sentencia remitió un oficio a la Sala de lo Constitucional para solicitar una aclaración sobre los efectos de los recursos de amparo y determinar cómo debe proceder para dar continuidad al proceso.
Personas sentenciadas
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declaró culpables a los exfuncionarios de Invest-H Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón en 2022.
Bográn fue declarado culpable del delito de fraude agravado continuado y condenado a 10 años, 11 meses y siete días y medio de prisión, además de una multa y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la pena.
Para Moraes, el tribunal lo absolvió del delito de fraude, pero lo declaró responsable de violación de los deberes de los funcionarios agravada continuada.
Debido a que el delito no contempla pena de prisión, recibió una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por nueve años, cuatro meses y 15 días.
Compra de hospitales móviles
En 2020, Honduras realizó la compra de siete hospitales móviles por un valor de 47.5 millones de dólares —equivalentes a 1,174 millones de lempiras—, no obstante, nunca funcionaron para el fin que fueron adquiridos, ocasionando daños graves al Estado de Honduras.
Tras la compra millonaria durante la emergencia por covid-19, el Ministerio Público acusó a exfuncionarios y particulares por su presunta participación en las irregularidades de la adquisición.
