Tegucigalpa, Honduras.- Gustavo Boquín, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), pidió aplicar la ley contra cada persona que se prestó a cometer "actos de corrupción" a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sin importar de quién se trate.
En diálogo con EL HERALDO Plus, Boquín recordó que "la ley no distingue sí es diputado, si es militar o si es un ciudadano común. La ley es clara en todo ese sentido y dice a quién se le debe aplicar, cómo se le debe aplicar, cuándo se le debe aplicar y quién lo debe aplicar. Entonces la posición pantomima a título personal como la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción es el apego irrestricto a la ley".
El experto dijo que se trata de "un problema estructural", pues en esta gestión sigue ocurriendo lo mismo que en gobiernos anteriores, cuando desviaban fondos públicos para temas políticos o para beneficiar a unos pocos.
Boquín se refirió al caso de ONGs que recibieron dinero de las arcas del Estado, pero se trataba de organizaciones fantasma.
"Esto se vuelve a repetir este año con este tema de ayudar a los más necesitados, pero siempre se presta a actos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no tenemos respeto irrestricto a la ley. ¿Qué tiene que andar haciendo un diputado administrando fondos públicos? Eso no se debería permitir", condenó.
Boquín detalló que desde el gobierno anterior “estamos denunciando que no se debe de crear estos sistemas que o avalar mediante una legislación provisional estos sistemas que se prestan para la corrupción, que los procesos deberían de estar bien claros y firmes dentro de cada secretaría correspondiente, cada unidad ejecutora y deberían de ser auditados y ser totalmente transparentes para evitar que una diputada, que ella lo acepta en una grabación, ande repartiendo y entregando cheques y que los ande cambiando gente de su confianza”.
Se refirió específicamente al video de la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar, quien en una llamada con el extitular de Sedesol, José Carlos Cardona, le detalla cómo usó el dinero desembolsado como ayuda social en Copán.
Esto desenmascaró muchas irregularidades en la entrega de ayudas y hasta becas, pues entre los beneficiados están allegados, parientes y familiares de los diputados, como es el caso de la asistente de Cuéllar, Ilsy Valeska Baquedano Mejía, y también para su excuñada, Iris Paola Pérez Moreno.
Ambas fueron acreditadas como proveedoras del Estado, recibían ayudas sociales y, al mismo tiempo, ganaron contratos de construcción.
“Eso es lo que no debemos de permitir. Y mientras sigamos permitiendo que nuestros diputados creen legislaciones, que creen estos espacios grises en la ley, vamos a seguir teniendo este problema. Y no se asuste que dentro de cuatro años volvamos a tener un escándalo de este tipo porque no tenemos nuestros procesos bien delimitados”, advirtió.
Lamentó que el impacto de estas situaciones sea grave porque no solo afecta a la economía y la reputación del país, porque nos expone como una sociedad que tiene altos niveles de corrupción.
“No solo es el haber perdido ese dinero, que el dinero no haya llegado al beneficiario final que se quería tener, sino que es el escándalo público, la falta de transparencia y nuevamente todo nuestro país es una mala gestión gubernamental”, puntualizó.
