Tegucigalpa, Honduras.- El marco operativo que dará vida legal a la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias se encuentra en la etapa final de revisión institucional para su promulgación.
La normativa, aprobada originalmente por el Poder Legislativo bajo el decreto 73-2026 en mayo de este año, establece exenciones fiscales para el traslado de menaje de hogar, herramientas de trabajo y vehículos particulares o de carga, buscando aliviar el impacto económico de los connacionales que vuelven al país.
Tras superar las fases de discusión técnica con las secretarías de Estado y organizaciones sociales, el documento financiero fue tramitado por la Secretaría de Finanzas y remitido a Casa Presidencial.
"Ya salió de Finanzas el reglamento, estamos a la espera de que Casa Presidencial ya sea firmado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta y esperamos que ya sea en estos días porque ya está discutido, socializado con las diferentes instituciones y sociedad civil", manifestó Lenin Valeriano, presidente de la Comisión de Migración del Congreso Nacional.
El retraso en la puesta en marcha de los beneficios aduaneros obedeció a la necesidad de sincronizar los protocolos internos de dependencias como el Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Aduanas y la red consular en el exterior.
Cada institución debió estructurar los manuales de atención al ciudadano, habilitar canales digitales de gestión y establecer las denominadas ventanillas de retorno para agilizar la entrega de franquicias tributarias.
"Primeramente era establecer los mecanismos que cada institución ya que son varias instituciones involucradas y deben ellos fijar cada uno de los mecanismos si van a capacitar el personal y establecer una ventanilla", explicó Valeriano.
El diputado añadió que las modificaciones recientes introducidas al proyecto principal obligaron a rediseñar los formularios y plazos de control, garantizando que el proceso de repatriación de bienes cumpla con los estándares legales exigidos.
La legislación ampara a los hondureños que retornen de manera voluntaria, por deportación o debido a la finalización de su estatus migratorio en el extranjero, permitiéndoles introducir su patrimonio sin el peso de cargas arancelarias punitivas.
Entre los incentivos económicos destaca la exoneración total de derechos de importación, Impuesto Sobre Ventas (ISV) y tributos de primera matriculación para vehículos de trabajo o uso particular, bajo la condición de mantener la propiedad inscrita por un período determinado.
"Desde el Congreso Nacional hemos impulsado este importante proyecto de decreto y nosotros ya estamos listos prácticamente para ejecución de este proyecto de ley que va a beneficiar a los migrantes retornados que están llegando a nuestro país", enfatizó Valeriano.
Las autoridades prevén lanzar una campaña informativa internacional una vez que el decreto sea divulgado formalmente, detallando los requisitos de tiempo y documentación necesarios para que los connacionales aprovechen el blindaje patrimonial.
