Tegucigalpa, Honduras.- Cada día sin clases no solo afecta el aprendizaje de miles de estudiantes, sino que también representa una millonaria pérdida para el Estado.
De acuerdo a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que alertó el pasado jueves sobre la perdida de nueve días de clases durante el primer semestre del 2026, por cada día con los centros educativos cerrados se pierden 200 millones de lempiras.
El dinero es en pago de salarios a docentes sin que brinden el servicio educativo, y en total son casi 2,000 millones de lempiras que se han gastado en lo que va del año escolar, según advirtió la organización de sociedad civil.
"Eso significa que en nueve días el gobierno invirtió aproximadamente 1,994 millones de lempiras, es decir, que pagó por un servicio que no fue recibido", dijo Marlon Escoto, asesor del sector educación de ASJ.
El análisis evidencia que, aunque los docentes reciben sus salarios de manera regular, la suspensión de clases impide que los estudiantes accedan al proceso educativo, generando un impacto directo en la calidad de la enseñanza y en el aprovechamiento de los recursos públicos.
A nivel territorial, los departamentos de Valle, Lempira y La Paz registran las mayores pérdidas, superando los 10 días sin clases, mientras que en Colón, Gracias a Dios, Choluteca y Comayagua el promedio ronda los nueve días en lo que va del año.
A diferencia de años anteriores, cuando las interrupciones estaban vinculadas principalmente a protestas o exigencias salariales, en 2026 la mayoría de los días perdidos responde a la participación de docentes en talleres, capacitaciones y actividades extracurriculares.
Escoto señaló que estas actividades deben reorganizarse para no interferir con el desarrollo normal de las clases, ya que actualmente compiten directamente con el tiempo efectivo de enseñanza en las aulas.
En 2025 se perdieron al menos 19 días de clases, por lo que la organización insiste en que el 2026 no debe superar esa cifra y, por el contrario, debe corregir las debilidades detectadas.
Escoto subrayó la necesidad de implementar controles más estrictos en el calendario escolar para asegurar que la inversión pública, que ronda el 5% del Producto Interno Bruto en educación, se traduzca en un servicio real y de calidad para los estudiantes hondureños.
