Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial (PJ) junto al Ministerio Público (MP) y la Secretaría de Seguridad, firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, que va orientado al fortalecimiento del acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad.
Este compromiso estatal se da porque aún persisten las brechas estructurales, desigualdades territoriales y prácticas institucionales que dificultan el acceso pleno a la justicia, especialmente en los casos de violencia de género en contextos vulnerabilidad social, reconoce el Poder Judicial.
"En este sentido, este convenio se fundamenta en los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Honduras, particularmente aquellos derivados sobre la eliminación de todas las formas de discriminación que nos llaman a garantizar sistemas de justicia accesibles,, libres de estereotipos y con enfoque de género", argumentó la presidenta del Poder Judicial Rebeca Ráquel.
La titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo:"Hoy reconocemos con responsabilidad institucional, que la falta de articulación entre las entidades del sistema de justicia ha generado desconfianza ciudadana y ha iniciado en los niveles de impunidad, especialmente en los delitos relacionados con la violencia de género".
¿En qué consiste?
A través de este instrumento, los suscriptores se comprometieron a diseñar e implementar políticas públicas integrales para fortalecer las capacidades formativas, analíticas e investigativas de jueces, fiscales y cuerpos policiales.
Además, a desarrollar sistemas unificados de registro y estadísticas sociojurídicas y a evitar prácticas que revictimizan a quienes acuden al sistema de justicia en busca de protección y reparación.
El aspecto central de este convenio es la apuesta por la información de calidad y la toma de decisiones basadas en evidencias. Identificar patrones, optimizar recursos y orientar políticas públicas más efectivas con enfoque territorial, comunitario y e interseccional.
Asimismo, se acordó la creación del Comité Técnico Interinstitucional de Planificación Estratégica y Evaluación que garantice el seguimiento permanente de los compromisos asumidos, asegurando que este convenio se traduzca en acciones concretas, medibles y sostenibles.
