Tegucigalpa, Honduras.-Ante falta de unanimidad entre los magistrados de la Sala Constitucional, el recurso de amparo presentado para solicitar la suspensión del estado de excepción será resuelto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con la legislación, las sentencias pronunciadas por unanimidad de votos por la Sala Constitucional se emitirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán carácter definitivo.
El marco legal subraya que, “en los casos en que no resultare unanimidad de votos, el asunto deberá someterse al conocimiento y decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia”.
En ese sentido, el presidente de la Sala remitirá el asunto y sus antecedentes a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a más tardar el día hábil siguiente de haberse sometido a discusión y votación.
La Presidencia deberá, al recibirlo, convocar al pleno para su conocimiento y resolución dentro del término de diez días hábiles a partir de la recepción de los antecedentes.
El recurso de amparo fue promovido por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, a favor de sí mismo y de la sociedad hondureña.
No obstante, los magistrados de la Sala Constitucional Luis Fernando Padilla, Isbela Bustillo Hernández y Francisca Villela Zavala votaron a favor de suspender el estado de excepción.
Por su parte, el magistrado Wagner Vallecillo votó para que el amparo se admitiese únicamente en favor del recurrente y no de la ciudadanía en general.
Mientras tanto, la magistrada Sonia Marlina Dubón, del partido Libertad y Refundación (Libre), votó para que el recurso fuera admitido sin suspensión del acto reclamado, es decir, que el estado de excepción continúe vigente.
La solicitud de la suspensión fue realizada por el presidente del Colegio de abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano.
De acuerdo con el CAH, el recurso fue interpuesto en defensa de los derechos constitucionales de la población, ya que la medida vulnera garantías fundamentales.
La preocupación y el rechazo de la medida creció significativamente con la última ampliación, pues incluye el domingo 30 de noviembre, día en que se celebrarán las elecciones generales.
Para el CAH y otras organizaciones, esto podría representar un peligro para el debido proceso electoral y la libertad de expresión de la población sobre lo que ocurra ese día.
