Los escándalos de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya, como el “carretillazo” y la donación de 100 millones de dólares,
no deben quedar impunes. Así lo claman diversos sectores de la sociedad.
Sobre el escándalo del “carretillazo” hace tres años se interpusieron las dos acusaciones contra exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya, entre ellos Enrique Flores Lanza.
Se les acusa por la malversación de 50 millones de lempiras, supuestamente extraídos de la bóveda del Banco Central de Honduras (BCH).
A criterio del designado presidencial, Víctor Hugo Barnica, este acto de corrupción no debe quedar en el olvido, por lo que demandó a los jueces a proceder.
“Tienen que enjuiciar a los corruptos, que vuelvan a los juzgados, esos juicios no deben seguir engavetados”, manifestó.
Confirmó ilicitud en la donación de 100 millones de dólares que concedió Hugo Chávez a Casa Presidencial, en el mandato de “Mel”.
“Hay irregularidad, ese fondo fue abierto en el 2008 a nombre del presidente Zelaya, no se podía tocar porque seguía a nombre de él”, indicó. A su criterio no se tuvo la inteligencia para esconder el dinero, ya que en su momento se dijo que era para comprar granos, cuando en realidad habían sido donados.
A su parecer, estas denuncias manchan la imagen del país, que debe ser investigada. “No se puede seguir comprometiendo la gobernabilidad y la democracia”, dijo.
Resoluciones oportunas
El representante de la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción, José Antonio Ávila, demanda se esclarezcan estos dos escándalos.
Demando que las instancias judiciales agilicen las causas. Por ejemplo, el caso del “carretillazo” lleva más de tres años en los tribunales sin que la Fiscalía pueda aportar una tan sola prueba para acreditar el delito y la responsabilidad de los imputados. “La tardanza en la justicia es lo más común”, lamentó.
Sobre el otro caso, valoró que tiene base la denuncia de el excandidato opositor venezolano, Henrique Capriles, en relación a la donación de 100 millones de dólares que hizo Hugo Chávez a “Mel”. “Estimó que los órganos contralores, el Tribunal Superior de Cuentas, y el Ministerio Público concluyan la investigación de esta denuncia”, expresó Ávila.
Recomendó esclarecer qué administración malversó los 100 millones de dólares, si fue la de Zelaya, la de Roberto Micheletti o la actual, que preside Porfirio Lobo.
“Las tres administraciones o los tres señores que cubrieron el cargo de presidente en sus respectivos tiempos tienen que ser investigados”, manifestó.
‘“Quien se encuentre culpable, tiene forzosamente que ir a la cárcel, ya estamos cansados de mirar a los corruptos en las calles, que se les perdonen sus delitos, cuando sabemos que todos los hondureños somos iguales ante la ley, ante la justicia”, agregó.
