Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de investigación del Congreso Nacional encargada de evacuar el juicio político contra cuatro altos funcionarios electorales ha fijado una postura contundente frente a los intentos legales por frenar el proceso.
Pese a los recursos de amparo interpuestos por la magistrada Lourdes Mejía, el magistrado Mario Morazán ante la Corte Supremade Justicia (CSJ) y el magistrado suplente del TJE, Gabriel Gutiérrez Peralta, la comitiva parlamentaria ratificó que el cronograma de audiencias se mantiene inalterable mientras no exista una orden judicial que dicte lo contrario.
El ambiente en el Poder Legislativo es tenso pero de avance procedimental, bajo la premisa de que los señalados deben comparecer para desvirtuar las acusaciones que pesan sobre ellos tras las pasadas contiendas electorales.
Tania Pinto, presidenta de la Comisión Especial, manifestó que el mandato otorgado por el pleno del Legislativo con una mayoría calificada de 91 votos sigue siendo la hoja de ruta que rige sus actuaciones en este momento. "Nosotros como comisión estamos obligados para determinar y establecer y dar un informe al pleno del Congreso Nacional si recomendamos celebrar el juicio político y la destitución, porque en este momento únicamente están suspendidos de su cargo", explicó la diputada Pinto.
La agenda de comparecencias para este lunes fue establecida de forma rigurosa, citando inicialmente al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, seguido por el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán. Posteriormente, se espera la presencia de la magistrada Lourdes Mejía y el magistrado Gabriel Gutiérrez, quienes deberán responder ante los cuestionamientos de los diputados que integran la comisión investigadora.
Hasta las primeras horas de la mañana, la secretaría de la comisión no había recibido notificaciones oficiales por parte de los funcionarios denunciados sobre su intención de no asistir a las citas programadas.
Los parlamentarios han sido claros al señalar que la ausencia de los magistrados no detiene el análisis de las pruebas documentales que ya obran en poder del Congreso Nacional.
"La secretaría de la comisión nos ha informado que no hay ningún tipo de comunicación de parte de los denunciados; estamos esperando hoy al consejero Marlon Ochoa, al magistrado Mario Morazán, a la magistrada Lourdes Mejía y al magistrado Gabriel Gutiérrez", indicó la congresista.
Pinto subrayó que el proceso busca llegar a la verdad sobre hechos que, según su criterio, vulneraron la estabilidad democrática y política del país durante los procesos de elecciones primarias y generales.
En ese sentido, hizo un llamado público a la ciudadanía y a cualquier persona que posea información relevante o pruebas documentales sobre las actuaciones de los entes electorales para que se apersonen a colaborar con la investigación.
La Comisión Especial enfatizó que el juicio político no es un ataque personal contra los funcionarios, sino un mecanismo constitucional para deducir responsabilidades políticas ante presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
La etapa actual se centra exclusivamente en la investigación y la evacuación de pruebas para determinar si existen méritos suficientes que justifiquen una recomendación de destitución definitiva ante el pleno de diputados.
"Lo que estamos haciendo en este juicio es determinando si hay o no hay responsabilidad; hasta este momento no hay ninguno de los funcionarios que haya sido encontrado responsable", aseguró la titular de la comisión.
Respecto a los recursos de amparo presentados por Mejía y Morazán, la postura legislativa es que la simple presentación de una acción legal no interrumpe la prosecución del juicio.
Para que el proceso se detenga, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debería admitir el recurso con la medida cautelar de suspensión del acto reclamado, situación que en el transcurso de la mañana no ha ocurrido.
Por lo tanto, la comisión reiteró que el derecho a la legítima defensa se garantiza dentro del recinto parlamentario, instando a los magistrados a utilizar la tribuna legislativa para presentar sus descargos y contraargumentos frente a la comisión que los investiga.
El plazo para concluir esta etapa de investigación y defensa es de hasta 30 días, tiempo en el cual se deberá evacuar toda la carga probatoria disponible.
"Lo que nos interesa como comisión es que ese recurso debe de ser admitido y dar una orden si es con suspensión del acto reclamado o no; hasta ese momento la prosecución de este proceso continúa de manera normal", sentenció Pinto.
La presidenta de la Comisión Especial hizo una invitación directa al magistrado Mario Morazán para que se presente al Congreso Nacional, asegurando que se respetará el debido proceso y su dignidad como persona.
El informe final que emane de este grupo de trabajo será el documento vinculante sobre el cual los 128 diputados decidirán el futuro laboral de los cuatro funcionarios señalados.
La controversia legal apenas comienza, pero el Legislativo parece decidido a no ceder espacio ante las estrategias jurídicas de los investigados, manteniendo la presión sobre los entes electorales en un contexto de alta polarización política.
La mañana, en el inicio del juicio político, estuvo marcada por la ausencia de Marlon Ochoa, quién durante la semana anterior expresó que no se presentaría al Congreso Nacional.
