Tegucigalpa, Honduras.- El estancamiento legislativo de varios meses en torno a la restructuración del sistema energético en Honduras podría llegar a su fin en las próximas horas.
Ante la falta de votos para aprobar de forma directa el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el Partido Nacional confirmó su disposición de dar un paso al costado y adoptar la contrapropuesta formulada por el Partido Liberal para lograr el consenso parlamentario.
La postura surge en momentos en que las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), sus diputados y alcaldes concluyen sus cabildos para fijar una posición unificada sobre el dictamen energético.
Debido a que la bancada nacionalista no suma por sí sola los 65 votos requeridos para la aprobación de la normativa, la viabilidad del proyecto depende de manera exclusiva del acompañamiento del bloque liberal.
"El Partido Nacional no tiene los votos suficientes por sí solo para aprobarlo y ocupamos el apoyo de toda la bancada liberal o de una buena parte de la bancada liberal para aprobar este tema", expresó Mario Pérez, diputado del Partido Nacional.
Frente al apretado escenario de las fuerzas políticas en el hemiciclo, los diputados nacionalistas reconocen que la opción de dejar sin efecto el texto original enviado desde la Presidencia y sustituirlo por el borrador redactado por el liberalismo es una ruta viable.
El diputado explicó que el texto propuesto por los liberales, denominado por ellos como Ley de Justicia Energética, aporta mejoras sustanciales a la redacción construida inicialmente en la comisión de dictamen.
"Se puede dar ese escenario, no digo que eso va a ocurrir, pero sí se puede dar, creo en lo personal que mejora el dictamen que hicimos como comisión y estaríamos de acuerdo si esa decisión es avalada por el Ejecutivo", afirmó Pérez.
Entre los principales añadidos de la iniciativa liberal destaca un blindaje jurídico más rígido sobre los activos operativos y patrimoniales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), garantizando su inalienabilidad frente a cualquier intento de embargo o enajenación.
El congresista remarcó que el texto liberal reafirma expresamente que las centrales de generación, las líneas de transmisión y los activos de distribución en poder del Estado serán intransferibles e inembargables.
Más allá del debate legislativo sobre las figuras legales, la bancada del Partido Nacional sostiene que la urgencia de aprobar el nuevo marco regulatorio radica en autorizar los procesos de contratación abierta de potencia y energía para abaratar los costos al consumidor final.
La gerencia de la estatal eléctrica confirmó a los legisladores que las bases para licitaciones públicas de corto plazo ya se encuentran concluidas, mientras se estructuran los pliegos para los contratos de suministro a largo plazo.
"Necesitamos licitaciones públicas de largo plazo, bien planificadas, es la única forma de tener mejores precios en energía, y aplazados los que estuvieron atrás que en cuatro años no hicieron ninguna licitación", sostuvo Pérez.
Los congresistas cuestionaron que gestiones pasadas recurrieran a la contratación directa de energía a base de diésel, trasladando ese impacto directamente a la facturación de los hogares hondureños.
Bajo este panorama, la dirigencia de la bancada nacionalista se mantiene a la expectativa de las conclusiones finales emitidas por la reunión liberal para definir si la normativa se somete a votación de inmediato en la Cámara Legislativa.
"Vamos a esperar en qué termina la reunión de ellos hoy, ojalá que sea positiva la decisión y que hoy aprobemos esas reformas, es lo ideal para Honduras", enfatizó Pérez.
