Tegucigalpa, Honduras.- Ante la entrada en vigencia de los cuatro paquetes de reformas penales orientadas a combatir el crimen organizado, el Congreso Nacional anunció que sostendrá reuniones periódicas de evaluación con los entes de seguridad y justicia para exigir informes de resultados y garantizar el cumplimiento efectivo de las normativas.
El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, adelantó que las audiencias de rendición de cuentas se llevarán a cabo durante la última semana de noviembre.
El propósito central es que las instituciones del Estado informen de manera oficial a la ciudadanía sobre los avances obtenidos en el combate frontal contra las estructuras criminales.
Durante las reuniones con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los legisladores también evaluarán si se requieren nuevas modificaciones al marco jurídico.
El parlamentario ratificó que el hemiciclo se mantendrá abierto para dotar a los operadores de justicia de todas las herramientas necesarias que fortalezcan la seguridad ciudadana en el territorio nacional.
"El Congreso Nacional ha aprobado reformas fuertes, contundentes y claras contra la criminalidad organizada y estos grupos terroristas que integran maras y pandillas; son herramientas legales que nunca en la historia la habían tenido los operadores de justicia y esto se debe a la voluntad política de trabajar de manera coordinada con el único objetivo de darle resultados al pueblo hondureño", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Las nuevas disposiciones legales han comenzado a reflejarse en los operativos policiales recientes ejecutados en distintos puntos del país.
Las autoridades de Seguridad reportaron la captura y remisión a los centros carcelarios de 183 presuntos delincuentes catalogados bajo la tipificación de terrorismo, quienes enfrentarán procesos judiciales severos.
Los imputados capturados bajo este esquema legal son ingresados de manera inmediata a los recintos bajo el régimen de máxima seguridad. Las directrices penitenciarias establecen restricciones rigurosas para impedir que continúen delinquiendo desde el interior de las cárceles del país.
"Ayer había detenidos como terroristas un promedio de 183 delincuentes a los que les toca prisión y estar recluidos en los regímenes de máxima seguridad, 23 horas y media encerrados, 30 minutos de ejercicio de calistenia, sin comunicación con el exterior más que con el abogado a través de un vidrio con teléfono, sin violentar el derecho a la defensa", precisó el titular del Legislativo.
Como parte de la estrategia integral de seguridad, el Congreso Nacional también impulsa normativas complementarias enfocadas en la población penitenciaria.
Las autoridades legislativas enfatizaron que el enfoque prioritario del Estado se mantiene firme en la defensa de los ciudadanos honestos y las víctimas de la criminalidad.
"Aquí no hay retroceso, aquí nadie va a tomar determinaciones para limitar a los operadores que le den seguridad a Honduras; primero son los buenos, primero es la víctima, primero es la gente y primero es el pueblo hondureño, ese es el compromiso que tiene este Congreso Nacional", sentenció el congresista.
Trabajo obligatorio
Dentro de las nuevas iniciativas que se discutirán en el parlamento figura la obligación de que los reos catalogados de mínima y mediana peligrosidad realicen trabajos comunitarios.
La medida busca que los internos retribuyan a la sociedad el daño causado y compensen el costo económico que representa el mantenimiento del sistema penitenciario nacional.
"Los privados de libertad que están en mínima y mediana peligrosidad van a ejercer una labor de reinserción y una labor social para retribuir el gasto que hace el pueblo hondureño, que es el que paga los impuestos para sostener los centros penales, elaborando pupitres, uniformes, bloques y ladrillos, o realizando alguna labor social de infraestructura fuera del centro penal con el debido control", detalló Zambrano.