Justicia juvenil
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Tegucigalpa, Honduras.- Una propuesta para reducir la edad penal o endurecer las sanciones contra los menores infractores ha reabierto en Honduras el debate sobre la violencia de las pandillas, con activistas que advierten que estas medidas no protegerán a los adolescentes, empujados al crimen por la pobreza y la exclusión.
Impulsada por el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, la iniciativa aún no ha sido presentada formalmente y mantiene sin definir la edad mínima de imputabilidad y la pena máxima.
Sanciones sin eficacia probada
Mientras el oficialismo apuesta por frenar el reclutamiento de menores por las pandillas y su participación en actividades delictivas, defensores de derechos humanos abogan por fortalecer la justicia juvenil especializada, con énfasis en la rehabilitación y la reinserción social, en lugar de endurecer las sanciones penales.
El coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), Wilmer Vásquez, dijo a EFE que cualquier reforma debe sustentarse en evidencia científica y respetar la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordó, además, que el marco legal vigente ya prevé sanciones contra los menores.
"No es cierto que hay impunidad cuando (un menor de edad) comete una infracción a la ley", afirmó Vásquez, quien cuestionó que el endurecimiento de las penas pueda constituir una respuesta eficaz frente a la criminalidad o disuadir a los adolescentes captados y utilizados por adultos vinculados con estructuras delictivas.
El planteamiento adquiere especial relevancia en un país donde las pandillas, conocidas como maras, mantienen presencia y ejercen control sobre algunos barrios, además de estar vinculadas con delitos como asesinatos, amenazas y extorsiones. Entre las principales estructuras figuran la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.
Según datos del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), el 80 % de los adolescentes implicados en actividades delictivas está relacionado con extorsión y tráfico de drogas.
Para los defensores de la niñez, el desafío no se limita a determinar la sanción aplicable, sino que también exige analizar las condiciones que facilitan la captación de adolescentes por parte de grupos criminales y la capacidad del Estado para prevenirla.
En Honduras, los mayores de 18 años son juzgados por el sistema ordinario, mientras que los adolescentes de 12 a 17 años están sujetos a un régimen especial que contempla sanciones orientadas a su rehabilitación y el internamiento en centros correccionales.
Vulnerabilidad y exclusión social
La coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Cándida Maradiaga, señaló a EFE que reducir la edad de imputabilidad o juzgar a adolescentes como adultos es un asunto "altamente complejo" que debe respetar los tratados internacionales vigentes para Honduras desde 1990.
Maradiaga subrayó que los jóvenes "no son los responsables de la inseguridad" que afecta a Honduras, un país considerado uno de los más violentos del mundo por las altas tasas de muertes violentas, pese a no estar en guerra, y defendió la necesidad de abordar las deficiencias estructurales antes de recurrir a nuevas medidas punitivas.
Según datos de Coiproden, Honduras cuenta con cinco centros de internamiento donde permanecen 163 adolescentes, mientras otros 1.276 cumplen medidas alternativas.
A la vulnerabilidad de la niñez se suman 245 menores víctimas de desplazamiento forzado identificados por el Conadeh en 2025 y más de 1,2 millones de niños fuera del sistema escolar.
Maradiaga precisó que incluso hay adolescentes de 16 o 17 años sometidos a procesos judiciales que no han cursado siquiera el primer grado de educación, una realidad que, a su juicio, evidencia la necesidad de considerar los factores sociales y educativos que rodean la delincuencia juvenil.
"No podemos estar reaccionando como en otras ocasiones, como apagafuegos", apostilló la funcionaria, quien pidió la participación de especialistas para diseñar respuestas sostenibles.
Los activistas coincidieron en que cualquier reforma debe considerar tanto la responsabilidad individual de los adolescentes como su vulnerabilidad y la captación por estructuras criminales, sin sustituir las políticas de prevención y reinserción por el endurecimiento de las penas.
