Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, presidente de Honduras, agradeció a los 78 diputados que votaron a favor de la Ley de Justicia Energética y a quienes no votaron, les mandó a decir que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no se venderá.
El mandatario comentó que varios congresistas pidieron al Poder Ejecutivo no vender la estatal eléctrica, algo en que dijo estar de acuerdo.
"Me dicen los diputados: 'mire que queremos ponerle un candado para que no se venda la ENEE'. Póngale candado, póngale cadena, póngale soga y todo lo que quieran. Que lo vamos a hacer constitucional con 86 votos y que la ENEE no se venda, la ENEE no se vende y en ningún momento se nos ha cruzado por la cabeza", aseguró Asfura Zablah.
El presidente hondureño recordó que "aquí nadie puede decir que la ENEE está en buenas condiciones financieras. 118 mil millones en pérdidas de la ENEE, ¿cómo lo vamos a aguantar?".
A su vez, aprovechó para enviarle un mensaje a los generadores de energía: "Yo le digo a todos los generadores: tenemos que velar lo mejor por Honduras, a generar con los mejores costos y los más bajos que haya".
Aprobación
El 31 de agosto, casi a la medianoche, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Justicia Energética con respaldo de 78 parlamentarios.
La normativa contempla medidas de alivio directo a la ciudadanía, entre las que destaca el mantenimiento de subsidios para consumos de hasta 150 kilovatios hora, filtrado por parámetros de zonificación para excluir a sectores de alta plusvalía.
A su vez, establece la condonación de deudas a usuarios que consuman hasta 250 kilovatios hora previa verificación técnica, la prohibición de contrataciones directas, la obligación de acudir a subastas inversas para la compra de potencia, el tratamiento de las energías renovables en un decreto separado y el compromiso de no incrementar la tarifa en los próximos seis meses.
La ley incluyó la obligatoriedad de que los futuros procesos de licitación pública cuenten con la veeduría y acompañamiento de organismos de la sociedad civil especializados en transparencia y rendición de cuentas.
Con esta medida se busca erradicar las compras directas y frenar la suscripción de contratos sobrevalorados que han afectado históricamente a la institución.
