Tegucigalpa, Honduras. -Si usted paga todos los meses un recibo de electricidad a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la nueva Ley de Justicia Energética contiene varias disposiciones que podrían tener impacto directo en su economía familiar.
La primera es inmediata: desde que la ley entre en vigencia, la tarifa aplicada por la ENEE al consumidor no podrá incrementarse durante seis meses. Ese período podrá extenderse por otros seis meses si así lo decide el Congreso Nacional.
Esto no significa que el recibo de todos los hondureños vaya a bajar ni que necesariamente pagarán exactamente lo mismo cada mes. El consumo continúa siendo determinante: si una familia utiliza más electricidad, su factura puede aumentar por el mayor consumo.
Lo que la ley establece es que durante ese período no podrá incrementarse la tarifa aplicada al usuario.
Pero el cambio que puede representar un alivio mayor para algunas familias está relacionado con las deudas acumuladas.
Una oportunidad para quienes tienen deudas con la ENEE
La ley contempla una condonación especial para personas naturales que sean titulares de un servicio exclusivamente residencial y tengan una deuda pendiente cuando la norma entre en vigencia.
Para acceder al beneficio, el hogar deberá tener un consumo promedio mensual de hasta 250 kilovatios-hora (kWh).
La condonación puede abarcar el saldo pendiente, recargos, intereses, multas y otros cargos asociados a la deuda.
No obstante, el beneficio no se aplicará de manera automática. El usuario deberá solicitarlo ante la ENEE y la empresa tendrá que verificar el historial de consumo y realizar una inspección del medidor.
La medida podrá utilizarse una sola vez y para un único servicio residencial. Tampoco podrán acogerse quienes tengan un consumo superior a 250 kWh ni los servicios utilizados para actividades comerciales, industriales o similares.
Una vez condonada la deuda, la familia tendrá que continuar pagando normalmente la electricidad que consuma en el futuro.
¿Y si una familia quiere producir su propia electricidad?
La nueva legislación también abre una puerta para los hogares interesados en instalar sistemas solares.
El texto reconoce el derecho de los usuarios a generar electricidad para su propio consumo utilizando fuentes renovables y contempla exenciones del impuesto sobre ventas, derechos arancelarios y otros impuestos aplicables a la importación o adquisición de equipos destinados a sistemas solares residenciales.
En otras palabras, una familia que quiera instalar paneles solares podría adquirir determinados equipos bajo un régimen tributario más favorable.
La ley también permite que quienes generen electricidad con fuentes renovables permanezcan conectados a la red y entreguen sus excedentes. Esos excedentes deberán ser compensados conforme al mecanismo que establezca la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
Aquí hay un punto que todavía no puede responderse únicamente con el texto de la ley: cuánto dinero recibirá una familia por la energía que entregue a la red. La metodología o mecanismo de compensación deberá ser definido posteriormente por la CREE.
El recibo deberá ser más claro
Otro cambio que puede notar el consumidor estará en la propia factura.
La nueva normativa establece que el cobro deberá mostrar con mayor claridad los diferentes componentes del servicio. El usuario podrá identificar cuánto corresponde a generación, cuánto a transmisión y operación del sistema, cuánto a distribución y qué impuestos se están aplicando.
La legislación también puede llevar nuevos costos al recibo. Esto busca que el consumidor pueda entender mejor por qué paga determinada cantidad y qué componentes forman parte de su factura.
No todos los efectos de la reforma representan necesariamente un ahorro para el consumidor.
La ley crea el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) para financiar estudios y obras de electrificación de interés social. Entre sus fuentes de financiamiento contempla un aporte de las empresas distribuidoras equivalente al 1 % de sus ventas a usuarios finales.
La propia ley establece que ese aporte podrá ser trasladado a los usuarios en la factura mensual.
Esto significa que existe un mecanismo mediante el cual parte de ese costo podría terminar siendo pagado por los consumidores. Sin embargo, no sería correcto afirmar que la ley impone automáticamente un aumento de 1 % en todos los recibos, porque el texto señala que el costo podrá ser trasladado.
También se contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo establezca subsidios explícitos para usuarios residenciales de bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad. Pero esos subsidios tampoco son automáticos: deberán establecerse mediante decreto y contar con una fuente de financiamiento estatal.
Más responsabilidades para quien recibe el servicio
La ley no solo habla de beneficios. También establece nuevas obligaciones para los usuarios.
Cada persona deberá cuidar el equipo de medición, informar anomalías y reportar el robo de un medidor dentro de las 24 horas siguientes a conocer el hecho.
La normativa endurece además las medidas contra las conexiones clandestinas, la manipulación de medidores y otras formas de hurto o fraude eléctrico.
Para quienes tengan actualmente un suministro irregular, la ley contempla una ventana excepcional de tres meses para regularizar voluntariamente su situación. Después de ese período podrán aplicarse las medidas administrativas, civiles o penales que correspondan.
El mensaje para el usuario es claro: los beneficios de la nueva normativa están acompañados de una mayor exigencia para utilizar legalmente el servicio.
¿Qué pasará con la ENEE?
Aunque para el consumidor la discusión suele concentrarse en el recibo y los apagones, una de las partes más importantes de la nueva ley ocurre dentro de la propia ENEE.
La normativa ordena separar las actividades de generación, transmisión y distribución mediante empresas subsidiarias.
La ENEE matriz conservará el 100 % de las acciones de esas empresas.
Por eso, el texto de la ley no establece una privatización de la ENEE. Lo que plantea es una reorganización de la empresa estatal, con subsidiarias que tendrán autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera.
La intención declarada es mejorar la eficiencia, reducir las pérdidas de electricidad, fortalecer las finanzas del sistema y hacer más transparente la contratación de energía.
¿Eso significa que bajará la factura?
No necesariamente. La ley establece mecanismos que podrían ayudar a reducir costos en el futuro. Entre ellas están las licitaciones para contratar energía, la posibilidad de utilizar subastas inversas y las medidas para disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas.
Si esas medidas funcionan, podrían contribuir a que el sistema eléctrico opere con menores costos.
Pero esa es una posibilidad, no una reducción garantizada por la ley.
La factura eléctrica seguirá dependiendo de los costos de generación, transmisión y distribución, además de las decisiones regulatorias y de las inversiones que sean necesarias para mantener y modernizar el sistema.
Por eso, el efecto inmediato está mucho más claro que el efecto de largo plazo: la ley congela temporalmente la tarifa, pero no promete una reducción permanente del precio de la electricidad.
¿Se acabarán los apagones?
Tampoco existe esa garantía. La ley establece como objetivo que el sistema sea más seguro, confiable y sostenible y contempla medidas para mejorar la infraestructura y reducir pérdidas.
También incluye disposiciones especiales para enfrentar el impacto de la sequía y un eventual déficit de generación durante el período 2026-2027.
En ese escenario, la ENEE podrá adoptar mecanismos temporales para contratar o incorporar generación y aplicar medidas de gestión de la demanda, procurando el menor costo posible para el sistema y los usuarios.
Que estas medidas consigan reducir los apagones dependerá, sin embargo, de su ejecución y de las condiciones reales del sistema eléctrico.
