El Ministerio Público (MP) y la Secretaría de Educación coordinan acciones orientadas a deducir responsabilidades por actos de corrupción que se cometen en el sistema educativo público.
El propio ministro de Educación, Marlon Escoto, acudió ayer al MP en donde se reunió con autoridades de la Fiscalía contra la Corrupción para socializar un plan conjunto.
Informó que entre las iniciativas que se promueven está el que fiscales capaciten a abogados de Educación en temas relacionados a la corrupción pública.
Esto con el fin de poder ser más efectivos en la documentación de irregularidades acontecidos en el sistema educativo. Los casos que se detecten serán remitidos a la Fiscalía contra la Corrupción, debidamente documentados, para facilitar al ente acusador poder incoar las acciones penales ante los tribunales.
Lo que se busca es ser más expedito en el proceso, compartiendo investigaciones basando la legislación educativa, valoró Escoto.
Esclarecer boicot
Una de las denuncias que Escoto pide se esclarezca es la amenaza de un boicot a la práctica de pruebas de calidad educativas, programadas a realizarse en este mes.
Esta semana EL HERALDO publicó el llamado que hiciera el presidente del Copemh, Óscar Recarte, a los docentes de cerrar las puertas de centros educativos a los evaluadores.
Ante ello, Escoto formalizó una solicitud a la Fiscalía contra la Corrupción para que verifique los alcances de dichas declaraciones y se proceda conforme a derecho, justificando que no se puede castigar a los niños, niñas y jóvenes a ser beneficiados con las pruebas de rendimiento. “Le pedimos a la Fiscalía contra la Corrupción que, por favor observase ese tipo de amenaza velada”, expresó el ministro.
Coincidentemente, 24 horas después de pedir se investige el boicot, se registra el robo de más de 100 computadores del programa Computadora por Niño.
“Puede ser un hecho totalmente aislado, pero viene precedido de amenaza de boicot de un trabajo”, indicó. Se sospecha que puede estar relacionado el boicot con el robo del equipo tecnológico, por lo tanto, solicita a la Fiscalía profundizar en las investigaciones. Escoto pide que se aclare la terminología que empleó Recarte, para no generar zozobra e incertidumbre.
“Pedimos a la Fiscalía que investigue todo lo que suceda desde el momento que se dio la sugerencia de sabotear o boicotear un proceso hasta que termine el evento, que es el 27 de noviembre”, puntualizó Escoto.
