El Ministerio Público está de acuerdo en someterse a las pruebas de
certificación
que debe efectuar todo fiscal o un operador de justicia, afirmó el fiscal general adjunto,
Roy Urtecho.
“Debemos de realizar pruebas de confianza conforme a la Constitución y las leyes”, declaró Urtecho, quien recordó que el Ministerio Público tiene sus propias pruebas de confianza y “creo que nadie se opondría a que implementen mayores controles”.
Este respaldo a aplicar pruebas de confianza al personal del Ministerio Público se produce luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras reveló que implementaran las pruebas de confianza en el Poder Judicial.
Urtecho
afirmó que la aplicación de pruebas de confianza es importante para que el pueblo hondureño confíe en los operadores de justicia.
Para el abogado, el proceso de
certificación
a través de las pruebas de confianza debe realizarse en el Poder Judicial y Ministerio Público, así como se está haciendo la depuración en la Policía Nacional.
Al respecto, el coordinador de la Sala Penal de la CSJ, Raúl Enrique, dijo que las declaraciones vertidas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia fueron hechas a titulo personal y no como presidente del Poder Judicial.
El magistrado afirmó que el pleno de magistrados no se ha reunido para discutir “un tema de tanto impacto, de tal naturaleza”.
“Yo calificaría esas declaraciones como desafortunadas porque es conocido que en la Sala Constitucional hay recursos pendientes de resolver en relación a ese tema y no podemos adelantar ningún criterio al respecto”, afirmó.
Interiano
dijo que el pleno de magistrados no se ha reunido debido a que está a la espera de la resolución que emita la Sala sobre si son constitucionales o no las pruebas de confianza que incluyen el polígrafo.
El magistrado insistió en decir en que las declaraciones de Jorge Rivera
Avilés “son desafortunadas', porque 'él ha adelantado un criterio que no hubiese emitido porque hay recursos presentados en la Sala Constitucional'.
En el caso en que los magistrados que integran la Sala Constitucional no lleguen a un consenso respecto a la legalidad de las pruebas, los recursos serán conocidos por el pleno de magistrados, quienes decidirán si las mismas proceden conforme a ley o violentan la Constitución de la República.
