La Fiscalía de Derechos Humanos formalizó el primer requerimiento fiscal por litigio de tierras en el sector del Bajo Aguán.
La acusación se entabló contra cuatro oficiales de la Policía y del Ejército por desalojo violento de campesinos en la carretera de Plantes, Tocoa, Colón, haciéndose un uso excesivo de la fuerza.
El requerimiento fiscal se interpuso contra el comisionado de policía Julio Roberto Benítez Zelaya, el subcomisionado de policía Osman Fabiel Díaz Santos y los subtenientes de Infantería Orlando Díaz Gutiérrez y José Miguel Hernández.
A estos la Fiscalía de Derechos Humanos los supone responsables de los delitos de abuso de autoridad, homicidio en su grado de ejecución de tentativa y lesiones.
Los ilícitos los habrían cometido en perjuicio de Neptalí Esquivel, Juan Antonio Vásquez, José Obdulio García, Paulino Chávez, Elías Hernández, Franklin Hernández, Waldina Meléndez, Juan Recinos y Víctor Euceda. Asimismo, por el delito de detención ilegal en perjuicio de José Palencia.
Antecedentes
Según la relación de hechos, el 30 de agosto de 2010 fue tomada la carretera que de Sabá conduce a La Ceiba por un grupo de campesinos y maestros.
Cuando ya se había negociado que los protestantes iban a entregar la carretera en una hora, fueron desalojados por unos 60 efectivos de la Policía y el Ejército con una lluvia de bombas lacrimógenas.
Como resultado de la acción represiva, varios manifestantes resultaron con lesiones.
Según declaraciones testificales y videos, al terminar la existencia de bombas los manifestantes se tomaron de nuevo la carretera, fue cuando el subcomisionado Díaz Santos habría dado la orden de disparar.
Ante los disparos, los campesinos y maestros comenzaron a correr, pero fueron perseguidos por los efectivos. Como resultado, Neptaly Esquivel sufrió una herida de bala en su fémur izquierdo, causándole incapacidad de por vida.
Otros seis resultaron con heridas de bala en distantes partes del cuerpo. A Víctor Euceda una bomba lacrimógena le impactó en la boca y le provocó la pérdida de cuatro dientes.
La Fiscalía cita que el comisionado de policía Benítez Ávila, jefe del grupo, tenía la potestad de ordenar que no se cometieran los ilícitos a los cuales fueron sometidos los pobladores que se encontraban en la toma.
