Tegucigalpa, Honduras.- En medio del temor creciente de las comunidades migrantes por las redadas y la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, el Congreso de Estados Unidos se prepara para recibir una nueva propuesta de reforma migratoria: la Ley Dignidad.
Esta iniciativa será presentada el próximo martes 15 de julio por la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, y Verónica Escobar, demócrata por Texas.
La Ley Dignidad representa una esperanza para millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos desde hace décadas sin una vía clara hacia la legalización.
La propuesta busca abordar la crisis migratoria con un enfoque integral que combine el fortalecimiento de la seguridad fronteriza con oportunidades reales para la regularización de quienes ya residen en el país.
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, confirmó que viajará a Washington, D.C., para estar presente durante la conferencia de prensa donde se anunciará oficialmente la iniciativa.
“La congresista María Elvira Salazar ha dicho que faltan dos días para hacer historia. Esta ley puede ser la solución que se está esperando para tantos inmigrantes que han vivido por décadas en las sombras”, expresó Flores.
La congresista Salazar, una de las impulsoras del proyecto, afirmó a través de sus redes sociales: “En solo dos días... vuelvo al Congreso con la Ley Dignidad: una solución firme, real y necesaria para arreglar de una vez por todas el sistema migratorio. ¡Prepárense!”.
La legisladora señaló que la propuesta fue elaborada con apoyo de sectores empresariales, religiosos, agrícolas y legales, y que su propósito es humanitario, pero también firme en materia de control fronterizo.
Entre los puntos centrales de la Ley Dignidad se incluye el refuerzo de la seguridad fronteriza mediante mayor inversión en personal, tecnología e infraestructura, así como la implementación obligatoria del sistema E-Verify para empleadores.
A cambio, la propuesta ofrece una vía de regularización a inmigrantes indocumentados que hayan residido al menos cinco años en el país, carezcan de antecedentes criminales y estén dispuestos a pagar impuestos y multas.
El proyecto contempla un periodo inicial de siete años, conocido como “Programa Dignidad”, durante el cual los migrantes recibirían protección contra la deportación, permiso de trabajo y de viaje.
Posteriormente, podrían ingresar al “Programa Redención”, que les permitiría avanzar hacia la residencia permanente si cumplen con requisitos adicionales como aprender inglés, realizar servicio comunitario y demostrar buena conducta cívica.
Además, la ley incluye disposiciones específicas para regularizar a beneficiarios de DACA, conocidos como dreamers, así como a personas bajo el TPS, un grupo que actualmente enfrenta mayor vulnerabilidad tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que pone fin a este estatus para varios países, entre ellos Honduras.
La presentación de la Ley Dignidad ocurre en un momento de gran tensión migratoria. En las últimas semanas, comunidades latinas han denunciado redadas y operativos que han generado miedo generalizado.
Organizaciones como la Fundación 15 de Septiembre y otras coaliciones de defensa de migrantes consideraron que esta propuesta representa una de las oportunidades más concretas de los últimos años para avanzar hacia una reforma migratoria real.
No obstante, reconocieron que el camino legislativo será difícil, ya que se requerirá consenso en un Congreso dividido y con posturas radicalizadas sobre el tema migratorio.
La comunidad migrante, especialmente la hondureña, sigue atenta a lo que suceda esta semana en Washington. Este martes podría marcar el inicio de una discusión histórica que defina el destino de millones de personas que han construido su vida en Estados Unidos.
