Honduras

Luis Redondo justifica legalidad de su junta directiva y señala a Leonel Ayala por “actuar contra la ley”

Según la extensa explicación del diputado, la junta directiva provisional liderada por Jorge Cálix, misma que fue juramentada por Leonel Ayala, no cumplió con el protocolo establecido y lo argumentó con varias evidencias
20.01.2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cuestionado presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, argumentó a casi un año de haber sido juramentado, la legalidad de la junta directiva que lidera, debido a los múltiples señalamientos en su contra.

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A través de un documento titulado “La verdad sobre la legalidad constitucional de la junta directiva del Congreso Nacional de Honduras” y en la conferencia impartida en su cuenta de Twitter, Redondo comenzó argumentando que su administración sufre una “fuerte y abierta campaña de desprestigio”, por parte de los “grupos económicos y políticos que se habían apoderado del control del Estado, al margen de la Constitución, de las leyes, imponiéndose por la fuerza, con violencia”.

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Redondo, dijo que ya la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo establecen el procedimiento para la elección de la junta directiva provisional del Congreso, por lo que considera que el problema de fondo de este conflicto es el “enfrentamiento entre grupos del poder económico y político, quienes pretendieron arrebatarle a la voluntad popular algunos diputados del Partido Libre y del Partido Liberal”.

Posteriormente, culpó al excomisionado de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, de crear un ambiente desfavorable en el Congreso el día que se realizaría la juramentación de la junta directiva provisional (21(01/22), para de ese modo, poder juramentar a una junta directiva ilegal (la de Jorge Cálix).

Ayala juramentó a Cálix y al resto de su directiva en medio de gritos de descontento por los diputados que apoyaban a Luis Redondo, pues reclamaban no haber podido presentar su moción.

En otro punto, dijo que Ayala intentó romper el orden constitucional al no respetar el procedimiento establecido en los artículos de la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y hasta acompañó su posición con videos y citas textuales de los artículos presuntamente violentados.

El presidente del Congreso, además argumentó que el artículo 194 de la Constitución dice que “el 21 de enero se reunirán los diputados en juntas preparatorias y con la concurrencia de cinco personas por lo menos, se organizará la directiva provisional”, pero aseguró que Ayala, realizó actuaciones que no estuvieron apegadas a derecho, con el fin de darle el poder del hemiciclo al grupo propuesto por la diputada de Libre, Beatriz Valle, la cual fue la única moción escuchada por el funcionario de Gobernación.

Las presuntas faltas cometidas por el entonces secretario de Gobernación fueron enumeradas en siete puntos:

1. No comprobó el quórum correctamente

2. No se dio lectura a la agenda del día

3. Ni se aprobó la agenda del día

4. No se otorgó la palabra para que se presentaran otras mociones

5. La única moción que impuso el exsecretario Ayala, violentando el procedimiento de ley, no se sometió a discusión, ni se debatió. No hubo orden en el pleno. No hubo votación.

6. El tipo de voto (de listado o firmas en papel) debe de ser aprobado previamente por el pleno de diputados, según el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y no se hizo así.

7. La única moción que se intentó imponer, violentando el procedimiento de ley, por el exsecretario Ayala, no se votó como ordena la ley.

“Esta sesión dirigida por el exsecretario Héctor Leonel Ayala, claramente fue nula, por violentar y no cumplirse el procedimiento legal para su celebración, pudiendo producir con ello una ruptura del orden constitucional”, justifica el documento emitido por Redondo.

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En el punto número uno, la postura de Redondo es que Ayala, al querer “imponerse”, no se preocupó porque hubiera orden en el pleno, no dirigió ni controló a los diputados que nunca se sentaron en sus asientos o curules, con el fin de juramentar a Cálix y el resto de su junta directiva en desorden, pues según Redondo, no contaban con los votos necesarios.

En el apartado número seis, Redondo justificó que como los diputado que apoyaban a Cálix dijeron tener 84 firmas que lo respaldaban como nuevo presidente del Congreso, esto tampoco fue legal, pues según el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, este tipo de voto por escrito debe ser aprobado previamente por el pleno de diputados y no se hizo.

“Por lo tanto, este grupo que afirmaba tener 84 firmas, jurídicamente tuvo cero votos legales y ello solo es una más de todas las violaciones cometidas por el exsecretario Héctor Leonel Ayala, del Partido Nacional, al procedimiento”, dijo Redondo, reproduciendo un video como prueba de su aseveración.

La juramentación de Cálix fue interrumpida por el zafarrancho hecho por los adeptos a Redondo.

¿Por qué su juramentación sí sería válida?

Tras plantear las irregularidades que presuntamente cometió el extitular de Gobernación, Redondo justificó su propia juramentación diciendo que tras el altercado protagonizado entre los diputados que lo apoyaban a él y los que estaban a favor de Cálix, el ambiente se tornó tan difícil que hizo que muchos se retiraran y los que quedaron en el recinto se convirtieron en el pleno.

“Al no haber en la Constitución ni en ninguna ley del mundo un procedimiento a seguir cuando hay nulidad de la sesión preparatoria para el nombramiento de una junta directiva, peor aún, cuando es cometida por el mismo encargado de celebrar dicha sesión, esa situación facultó y obligó a los diputados que quedaron presentes en el Congreso a ser considerados el pleno de diputados, como la máxima autoridad a aplicar los mecanismos o artículos constitucionales y legales y estando facultados y obligados a aplicar la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, excusó Luis Redondo.

Según su explicación, fue esa misma razón la que obligó a los parlamentarios que se quedaron a cumplimiento con el artículo 195 de la Constitución, que dicta que el 23 de enero se reunirán los diputados en su última sesión preparatoria para elegir a la directiva en propiedad, por lo que decidieron cumplir con el mandato reafirmándolo en el cargo como cabeza del Congreso.

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