Tegucigalpa, Honduras.-La diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, afirmó que los integrantes de la Comisión Permanente que participaron en la elección del exfiscal general del Estado habrían cometido actos ilícitos, excesos y actuaciones fuera de sus atribuciones.
La congresista señaló que estas acciones podrían derivar en procesos de juicio político, mecanismo contemplado para funcionarios de alto nivel dentro del Estado hondureño.
La legisladora sostuvo que durante el pasado proceso electoral se registraron actuaciones que, a su juicio, atentaron contra la democracia y el Estado de derecho.
“Evidentemente hubo en el pasado proceso electoral quienes atentaron contra la democracia y eso no puede quedar en la impunidad. Se debe sentar un precedente y darle un mensaje claro no solo a la clase política, sino al pueblo hondureño, de que en nuestro país se deben respetar las normas y la legislación”, manifestó.
Matute Cano reiteró que, según su criterio, es necesario establecer antecedentes legales contra quienes hayan vulnerado el orden democrático.
“Así que, no podemos dejar pasar por alto y no poner o no establecer un antecedente contra aquellos que atentaron contra el estado de derecho y la democracia en nuestro país”, recalcó.
La diputada explicó además que cualquier diputado propietario o suplente puede presentar ante el pleno del Congreso Nacional una solicitud de juicio político contra funcionarios que ocupen altos cargos públicos, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
“Acá nadie está exento y sobre todo aquellos que saben que cometieron actos ilícitos, actos que estuvieron al margen de la ley, abusos que se cometieron sobre todo en esa comisión permanente”, priorizó la parlamentaria del Partido Nacional por Francisco Morazán.
“Honduras entero fue testigo de todos los exabruptos y excesos que se cometieron en esa comisión, que precisamente va a ser una de las reformas que va a sufrir la Ley Orgánica del Congreso Nacional. La eliminación de esta comisión permanente y la habilitación de los 12 meses de sesiones, porque también eso de los recesos daba paso a la instalación de la comisión”, explicó.
En relación al juicio político al consejero del CNE, Marlon Ochoa y al magistrado del TJE, Mario Morazán, manifestó: “este Congreso Nacional se ha caracterizado por hacer las cosas en legal y debida forma y aprobar todas las iniciativas con la cantidad de votos que se requieren o más”.
“Así pasó en el reciente juicio político del exfiscal General de la República Johel Zelaya y hay juicios políticos pendientes. Se está trabajando en la construcción de los 86 o más votos de los diferentes parlamentarios y poder aplicarlo a todos aquellos que atentaron en contra de la democracia de nuestro país”, advirtió.
