Tegucigalpa, Honduras.- La defensa legal del exministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos Nacionales (Copeco), Lisandro Rosales, aseguró que el Juzgado de Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción todavía no ha admitido la solicitud de presentación voluntaria ante la justicia.
La petición —presentada el 10 de septiembre—busca que Rosales pueda comparecer por voluntad propia ante los tribunales, y someterse al proceso penal que enfrenta por una investigación relacionada con la compra de ventiladores mecánicos durante la emergencia provocada por la pandemia de covid-19.
La abogada defensora del exfuncionario, Doris Madrid, confirmó que la solicitud todavía no ha sido admitida, situación que, según explicó, mantiene pendiente la comparecencia de su representado ante la justicia.
“Ni siquiera se ha admitido, entonces genera mucha confusión porque en este momento debido a las vacaciones que están gozando varios jueces que trabajaron en época de vacaciones, y lógicamente el Poder Judicial les está compensando, entonces hay una carga laboral bastante grande", aseguró la abogada.
Madrid señaló que la defensa se mantiene la espera mientras el órgano jurisdiccional resuelve la petición presentada.
Caso sobre adquisición de ventiladores mecánicos en pandemia
En cuanto al proceso penal por la adquisición de ventiladores mecánicos, el Ministerio Público acusa a Rosales y a otros exfuncionarios por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
La investigación está relacionada con operaciones realizadas durante la emergencia sanitaria de 2020, de acuerdo con la Fiscalía, el perjuicio económico atribuido a las operaciones investigadas asciende a 63.8 millones de lempiras.
La acusación sostiene que los ventiladores fueron recibidos en condiciones que impedían su utilización adecuada para atender a pacientes con covid-19.
Según el requerimiento fiscal, durante el proceso de adquisición se habrían registrado distintas irregularidades, entre ellas la recepción de equipos incompletos, la falta de documentación que respaldara determinadas transferencias y la ausencia de actas formales de recepción.
