JOH, David Chávez y otros exfuncionarios favorecidos por la justicia hondureña en 2026
En lo que va de este año, Juan Orlando Hernández, David Chávez y otros exfuncionarios que eran acusados por corrupción han recibido resoluciones a su favor
- Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 10:48
En lo que ha transcurrido del 2026, exdiputados, expresidentes y otros exfuncionarios acusados por corrupción han sido beneficiados con resoluciones que extinguen su proceso judicial. A continuación, una recopilación de sus casos.
En 2023, la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal contra Porfirio Lobo Sosa, expresidente hondureño (2010-2014) a quien se le acusó de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por el Caso Pandora II. En esta investigación se señaló a Lobo y a otros exfuncionarios de drenar 288 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) la Secretaría de Finanzas (Sefin) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
En octubre de 2024, a Lobo se le dictó un sobreseimiento definitivo luego de que el juez determinara que no había "indicio mínimo" del exmandatario de haber participado en el esquema de corrupción. La Uferco apeló esta resolución, pero para julio de 2026, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento a favor del exgobernante.
Por el caso Pandora II también fueron acusados Wilfredo Cerrato, exministro de Finanzas; y los exgerentes administrativo de Finanzas, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina. Estos exfuncionarios también recibieron un sobreseimiento definitivo en 2024, el cual fue ratificado por la Corte de Apelaciones en junio este año.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acusó a la exdiputada nacionalista Gladys Aurora López por malversación de caudales por uso diferente. Esto en relación al retiro de materiales del proyecto eléctrico "La Ceibita" en Opatoro, La Paz. Los materiales fueron encontrados en San Pedro Sula y dejaron un perjuicio de L290,000, de acuerdo a las indagaciones de la Fetccop.
Los materiales fueron encontrados en San Pedro Sula y dejaron un perjuicio de L290,000, de acuerdo a las indagaciones de la Fetccop. Sin embargo, el 11 de agosto de 2026 la Corte de Apelaciones revocó el auto de formal procesamiento contra López, dictándole a su vez un sobreseimiento definitivo.
Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso (Copán) regresó a Honduras tras ser deportado de Estados Unidos en abril de 2025. Ardón se dedicó al narcotráfico y fue testigo clave en los juicios contra otros capos hondureños, revelando cómo operaban y sus actividades criminales que iban desde el trasiego de drogas, corrupción y asesinatos.
Sin embargo, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) solo acusó a Ardón por lavado de activos, señalando que no podía justificar un patrimonio de más de 50 millones de lempiras. A Ardón se le dictó una sentencia absolutoria el pasado 24 de agosto como consecuencia de las inconsistencias detectadas en la pericia que presentó la Fescco.
Juan Orlando Hernández (JOH, como se le conoce por sus siglas) también estuvo en la lista de acusados del Caso Pandora II. Hernández volvió a Honduras en julio de este año, siete meses después de que fuera indultado por el presidente estadonudense Donald Trump a pesar de que la justicia de ese país sentenció al expresidente hondureño a 45 años de prisión por delitos relacionados al narcotráfico.
La Uferco acusó a Hernández por lavado de activos y fraude. Según sus líneas de investigación, de los L288 millones desviados, L62 millones se destinaron para la campaña política de Hernández en 2013. No obstante, el pasado 1 de septiembre a Hernández se le dictó sobreseimiento definitivo por ambos delitos.
David Chávez Maddison, exdiputado del Partido Nacional (2014-2022) y exdirector del Instituto de Formación Profesional (Infop). La Fetccop en 2023 presentó un requerimiento fiscal contra Chávez por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por la adquisición de equipos, suministros y softwares destinados a centros regionales del Infop por un monto de 75 millones de lempiras. La Fiscalía apuntó que los bienes y programas informáticos adquiridos presentaban irregularidades y los programas finalmente no fueron instalados en los centros regionales.
Chávez huyó del país cuando se confirmó el requerimiento fiscal en su contra y volvió hasta febrero de 2025, permaneciendo prófugo por más de un año. En mayo de 2025 se dictó auto de formal procesamiento contra el exdirector del Infop, pero el pasado 22 de septiembre la Corte de Apelaciones revocó esta decisión. Mientras tanto, el Ministerio Público solicitará un sobreseimiento privisional, mientras que la defensa de Chávez un sobreseimiento definitivo para extinguir totalmente la causa penal.