Tegucigalpa, Honduras.- El extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, se defenderá en libertad ante las acusaciones por fraude y violación a los deberes de los funcionarios públicos por la compra de ventiladores mecánicos incompletos durante la pandemia de covid-19.
La información fue confirmada por la defensa legal de Rubí, quien este martes se presentó a su audiencia de revisión de medidas.
Rubí había sido enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara ubicada en el valle de Amarateca (Francisco Morazán) luego de que se le dictara un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, pero con la resolución de este martes, será excarcelado.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Rubí es señalado de participar en la compra de ventiladores mecánicos en 2020, año de apogeo del covid-19 en territorio hondureño.
La compra de estos equipos fue valorada en más de sesenta y tres millones de lempiras (un total de 63,839,377.80 de lempiras), los cuales nunca se usaron debido a que fueron recibidos incompletos, y sin los accesorios para su adecuada utilidad.
Por esta misma causa con investigados los exfuncionarios públicos del gobierno de Juan Orlando Hernández (2018-2022): Lisandro Rosales, excanciller de la República; Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santeli Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarios de Copeco.
En su requerimiento fiscal, la fiscalía señaló que "estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición, además realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación soporte y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente".
Caso de las percoladoras
Además de estos señalamientos durante su gestión al mando de Copeco, Rubí fue acusado por la compra sobrevalorada de percoladoras durantes la emergencia sanitaria.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) indicó que Rubí en complicidad con Gilberto Estévez Martínez, exjefe de compras, Cristian Elías Santeli Chavarría, exdirector administrativo financiero y los ciudadanos Odalis Jazmín Martínez Maldonado Junior Alexander Benítez Gonzáles Pedro Antonio Núñez y Mireya Patricia Paz Barahona, conformaron un esquema de corrupción para la adquisición de percoladoras, televisores, camas y otros artículos a través de una empresa de fachada.
Las compras de los productos ascendieron a los 12 millones de lempiras, con cinco millones de sobrevaloración.
No obstante, el 19 de octubre de 2024, a Rubí se le dictó a su favor un sobreseimiento provisional por este caso.
En ese sentido, ,a UNAF tiene un plazo de cinco años para presentar nuevos elementos de prueba que den base a que el juez retome el proceso judicial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 295 del Código Procesal Penal de Honduras.
