Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) podrá seguir defendiéndose en libertad, luego que una Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción les confirmó que continuarán con las medidas cautelares distintas a la prisión.
Esto, luego de que esta Corte de Apelaciones resolviera dos recursos de apelación incoados por las defensas de los imputados y por el Ministerio Público (MP), disposición en la que también se les ratificó el auto de formal procesamiento por el delito de fraude.
Se trata de los exempleados públicos: Guillermo Suazo Devis y Francisco Arturo Maldonado Aguilar, considerados responsables a título de autores del delito de fraude, y para Amílcar René Girón, Mayra Tosta Appel y Silvia María Zúniga Castillo, a título de cómplices por ese mismo delito.
Ese tribunal de alzada, además, les confirmó el sobreseimiento definitivo dictado en audiencia inicial a Guillermo Suazo y Francisco Maldonado, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
La acusación del MP
El requerimiento fiscal detalla que los antes señalados, son investigados por la presunta responsabilidad en el desvío de fondos destinados para la construcción de puentes, por medio del programa “Prevención y Mitigación de Desastres Naturales”, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de 19 millones de dólares, en el año 2010.
Las investigaciones indican que se contrató personal para administrar y controlar de manera antojadiza el proyecto, bajo la denominación de “Servicios de Consultoría Individual”, y a pesar de que la obra no se concluyó en su totalidad, se realizaron pagos completos, contraviniendo lo establecido en el contrato.
En esta causa legal también son acusados, pero no se encuentran habidos, es decir, no se han presentado a los tribunales, el exministro de Copeco, Lisandro Rosales Banegas y Tania Sofia Alvarenga Dubón; ambos acusados de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, a título de autores.
Tanto el exministro Rosales, como Tania Alvarenga, son prófugos de la justicia y tienen una orden de captura vigente en el territorio hondureño.
