Empresa española con dudoso historial obtuvo millonarios contratos de hospitales

Tegucigalpa, Honduras.- La empresa Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros (TASH), de origen español, logró consolidarse en los últimos años como una de las firmas con mayor participación en los proyectos de infraestructura hospitalaria impulsados con financiamiento internacional en Honduras.

Sin embargo, la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium descubrió que la adjudicación de tres contratos para el diseño, supervisión y equipamiento de centros médicos contrasta con un historial de cuestionamientos técnicos por trabajos realizados previamente en otros países de Europa y Latinoamérica.

Hoy, una serie de disputas contractuales y fallas de diseño no resueltas mantienen paralizada la construcción Hospital Materno Infantil de Occidente, de Santa Rosa de Copán, también el equipamiento del Hospital de Roatán y los diseños de los hospitales de trauma, abriendo interrogantes sobre los criterios de evaluación y los presuntos vínculos institucionales que facilitaron su llegada al mercado hondureño.

Además, este equipo obtuvo acceso a la documentación y a múltiples testimonios recopilados para esta investigación, donde se constata que la penetración de TASH en los procesos de licitación de la Secretaría de Salud (Sesal) coincidió con la gestión de Hugo Godoy, entonces representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras.

Fuentes del sector salud y constructoras señalaron que Godoy mantenía una influencia directa en los procesos de adquisición y contaba con personas de su entorno cercano dentro de la estructura administrativa, entre ellas su sobrina, Daniela Godoy, y la consultora Yosmira Escobar, quien operaba de forma simultánea como coordinadora del programa Gesalud, en la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Secretaría de Salud.

Bajo este esquema de relaciones, el consorcio español logró sortear filtros técnicos y adjudicarse contratos millonarios que hoy son objeto de controversia debido a la paralización física de las obras.

El Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros (TASH), una firma con sede en Toledo, España, llegó a Honduras el 10 de julio de 2022. Su ingreso al país ocurrió bajo la coordinación de la estructura de la Red Solidaria y con el respaldo del BID.

En cuestión de meses, el consorcio extranjero aseguró su primer gran contrato valorado inicialmente en 3 millones de dólares, unos 75 millones de lempiras, conforme con el contrato AEPAS-H-4619-349-2022, para el diseño y supervisión de una red de proyectos hospitalarios financiados con fondos internacionales.

El paquete incluía el diseño y supervisión para la construcción del nuevo Bloque Materno Infantil del Hospital de Occidente, en Santa Rosa de Copán; las unidades de cuidados intensivos neonatales del Hospital Escuela y del Hospital Santa Teresa, en Comayagua; así como el diseño integral de la Sala de Neonatología y Hogar Materno del Hospital Roberto Suazo Córdova, en La Paz.

Los recursos también contemplaban el diseño y la vigilancia técnica de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital San Francisco, en Juticalpa. La adjudicación consolidó a TASH como uno de los actores extranjeros con mayor influencia en la nueva ola de infraestructura sanitaria promovida por el Estado hondureño.

Sin embargo, el desempeño de estos proyectos mostró resultados dispares. El caso más crítico se registra en el Hospital Materno Infantil de Occidente, en Santa Rosa de Copán, donde la obra no fue concluida.

La construcción se paralizó tras desfases presupuestarios y procesos de rediseño contractual, dejando la infraestructura inconclusa, sin equipamiento para cuidados intensivos y en condición de abandono.

EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium tuvo acceso a un acta notarial en la que se consignan discrepancias entre una empresa constructora y TASH por problemas asociados al diseño del proyecto en Santa Rosa de Copán.

Una situación similar se observa en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Escuela, cuya entrega no se realizó en la fecha prevista y acumuló múltiples prórrogas.

Aunque se habilitaron módulos parciales de forma interna, la ampliación integral bajo el convenio del BID enfrentó retrasos asociados a deficiencias estructurales previas del edificio —en techos, sistemas eléctricos y ductos de gases medicinales— que impidieron su recepción final en los plazos establecidos.

Antes de expandirse en Honduras, la firma española ya acumulaba más de una década de cuestionamientos técnicos, investigaciones judiciales y sanciones administrativas en Europa y Sudamérica, corroboró este equipo de trabajo.

Documentos, expedientes judiciales y reportes revisados por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, de instituciones públicas, muestran que la empresa había enfrentado acusaciones por presuntas irregularidades en contratos hospitalarios, manipulación documental y sobrecostes en obras financiadas con recursos públicos.

Uno de los antecedentes más delicados se remonta a 2012, cuando el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) rescindió de forma abrupta el contrato otorgado a TASH para la dirección técnica del Nuevo Hospital de Toledo, uno de los proyectos sanitarios más ambiciosos de España. La decisión fue adoptada tras informes internos que alertaban sobre irregularidades en partidas de cimentación y hormigonado.

Un técnico vinculado a la propia estructura del proyecto denunció que el estudio de arquitectura validaba sobrecostes injustificados, lo que llevó a las autoridades a intervenir el proceso, congelar pagos y ordenar una auditoría extraordinaria antes de reactivar las obras.

La controversia escaló en 2013, cuando una denuncia presentada ante la Fiscalía española derivó en diligencias judiciales por presunta falsificación documental, fraude administrativo y malversación de fondos públicos.

El núcleo de la investigación se centró en el expediente técnico denominado “Modificado Nº 2 del Nuevo Hospital de Toledo”, utilizado para justificar variaciones millonarias en el presupuesto original del proyecto. De acuerdo con la acusación, las firmas de aprobación habrían sido alteradas para validar incrementos económicos irregulares.

El caso avanzó hasta el Juzgado de Instrucción Número 2 de Toledo, donde el juez ordenó pruebas periciales caligráficas a los directores de TASH para comparar su escritura con los documentos bajo sospecha, según reportó el diario ABC de España.

Dos años después, en 2015, la investigación judicial alcanzó directamente a los máximos responsables del estudio. Antonio Sánchez-Horneros, y su hijo, Emilio Sánchez-Horneros, propietarios y fundadores de TASH, fueron citados en calidad de imputados por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Toledo, bajo sospechas de estafa agravada y fraude contra la administración pública.

La pesquisa se enfocó en los incrementos desproporcionados registrados en la denominada “caseta de obra” del hospital, una infraestructura temporal destinada a oficinas técnicas.

Según la instrucción judicial, los costos de esa estructura auxiliar habrían sido inflados deliberadamente, permitiendo justificar pagos y honorarios muy superiores a los establecidos inicialmente, en perjuicio de las finanzas públicas.

Mientras enfrentaba cuestionamientos en España, TASH expandía sus operaciones hacia América Latina. En Perú, la firma —operando bajo la razón social Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros S.L.P. Sucursal del Perú— acumuló expedientes sancionadores entre 2014 y 2022 por la presunta presentación de documentación falsa en procesos de licitación pública.

Resoluciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) concluyeron que la empresa alteró constancias e incorporó información inexacta sobre la experiencia de su equipo técnico y el cumplimiento de contratos previos en concursos para hospitales regionales.

Las investigaciones administrativas derivaron en una inhabilitación temporal ratificada en 2022 por el Tribunal de Contrataciones del Estado peruano, medida que prohibió formalmente a la empresa participar en licitaciones o suscribir contratos con instituciones públicas en ese país. Pese a ese historial, TASH logró abrirse paso en Honduras y acceder a dos contratos millonarios para modernizar el sistema sanitario en el país.

EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium intentaron comunicarse con el representante legal de la empresa TASH para obtener su versión sobre los señalamientos y los procesos contractuales descritos en esta investigación, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta ni pronunciamiento oficial por parte de la firma.

TASH no solo obtuvo el contrato para estructurar los diseños de los centros neonatales. Según el expediente BID-5790-GESALUD-SDP-02-2024, la firma también recibió la supervisión y dotación de equipo del Hospital de Roatán por 1.7 millones de dólares, equivalentes a unos 45 millones de lempiras.

El centro asistencial debía habilitarse en septiembre de 2025, pero hasta la fecha únicamente existe la estructura física, sin personal médico ni equipamiento instalado.

La expansión de la empresa continuó mediante una alianza con PLANHO Consultores S.L.P, un estudio español especializado en diseño de hospitales e infraestructura sanitaria.

Ambas firmas habían participado en 2023 en la licitación para los hospitales del trauma de Tegucigalpa y San Pedro Sula, aunque inicialmente quedaron fuera del proceso por incumplir requisitos técnicos.

Posteriormente decidieron conformar el consorcio PLANHO-TASH, con el que lograron adjudicarse 6.6 millones de dólares para desarrollar los estudios generales, anteproyectos y diseños técnicos y estructurales del Hospital de Traumatología de Tegucigalpa.

El mismo consorcio también obtuvo la máxima calificación combinada para diseñar el Hospital de Traumatología de San Pedro Sula, superando a otros grupos europeos participantes.

De acuerdo con denuncias recibidas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium, parte de estas adjudicaciones se habría dado en un entorno de influencia institucional vinculado a funcionarios del sector salud y del BID, incluyendo al Dr. Hugo Godoy, así como a personas cercanas dentro de la Secretaría de Salud (Sesal), entre ellas Daniela Godoy y Yosmira Isabel Escobar Castellanos, coordinadora de Gesalud.

Uno de los testimonios recabados bajo condición de anonimato describe presuntas dinámicas internas durante los procesos de licitación: “Hay una muchachita de 23 o 25 años que se llama Daniela Godoy, ella es la sobrina y fue quien ayudó junto a Yosmira, que viene trabajando desde el gobierno pasado, a que ciertas empresas recibieran los contratos. En las solicitudes ya tenían a las empresas que querían que trabajaran con ellas y de todas le dieron los 6 proyectos de diseños y supervisiones a TASH, no se le hace raro”.

El caso de Escobar es relevante porque, además de sus funciones dentro de la unidad ejecutora encargada de administrar fondos del BID, recibió 13,300 dólares como consultora individual financiada con los mismos recursos que gestionaba.

Al revisar las Políticas del BID (GN-2350-15), este tipo de doble rol se ubica dentro de escenarios de conflicto de interés, particularmente cuando un funcionario de una unidad ejecutora participa directa o indirectamente en procesos de contratación o supervisión vinculados a esos mismos fondos.

En el mismo sentido, la Ley de Contratación del Estado de Honduras, en el artículo 15, numerales 1 y 7, establece inhabilidades para funcionarios públicos que intervienen o pueden influir en procesos de adjudicación, incluso cuando la relación contractual se formaliza como servicios profesionales independientes.

Estas disposiciones en el artículo 10, numeral 2, se refuerzan con el Código de Conducta Ética del Servidor Público, que prohíbe la participación en decisiones con intereses económicos directos o el uso del cargo para obtener beneficios particulares.

Los señalamientos que vinculan a Hugo Godoy y a Yosmira Escobar no se limitan al período reciente. Documentos contractuales revisados por este equipo indican que ambos ya habían coincidido en 2017 en el proyecto del BID “Manejo Sostenible de Bosques”, bajo el contrato SEFIN-UAP-0183-CI-2017, donde Escobar recibió una consultoría.

Este rotativo intentó obtener la versión de Hugo Godoy, quien en ese momento fungía como representante del BID en Honduras, pero remitió las consultas a la oficina de relaciones públicas de la institución.

En una posterior comunicación con personal de esa unidad, se indicó que “ya no es especialista del BID, y la especialista actual está fuera del país; sin embargo le comento que el BID no da declaraciones en nombre de los Gobiernos”.

Al igual que en otros intentos de verificación, al consultar dentro de la Secretaría de Salud no se obtuvo respuesta ni se encontró información disponible que permitiera establecer un canal de contacto con las dos profesionales mencionadas, ni con datos adicionales sobre sus funciones o ubicación actual dentro de la estructura institucional.