Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción otorgó este lunes 24 de febrero un cambio de medidas a Guilfredo Cerrato Santos, exasesor de la Secretaría de Gobernación y Justicia, vinculado a un presunto desfalco al Estado de Honduras.
El exfuncionario enfrenta acusaciones por su supuesta implicación en la compra irregular de siete camiones de bomberos, cuya compra habría sido sobrevalorada, presentando fallas mecánicas en los vehículos adquiridos.
La detención del exfuncionario se produjo en agosto de 2024, junto a Kerin Francisco Maldonado.
Ambos fueron acusados de estafa y uso de documentos falsos, al supuestamente avalar la compra de los vehículos en condiciones inadecuadas y a un costo excesivo.
Proceso judicial
Cerrato Fuentes fue arrestado en agosto de 2024 junto a Kerin Francisco Maldonado. Según la acusación presentada por el Ministerio Público, ambos habrían incurrido en estafa y uso de documentos falsos al aprobar la compra de las unidades en condiciones deficientes y a un precio considerablemente elevado.
Durante la audiencia inicial, realizada ese mismo mes, el juez determinó que existían suficientes indicios para imponerles prisión preventiva, medida que en el caso de Cerrato Santos ha sido ahora modificada.
Millonaria inversión
El expediente señala que el Estado desembolsó más de 81 millones de lempiras por los camiones, pese a que los peritajes técnicos evidenciaron graves problemas mecánicos e irregularidades.
Este hecho afectó directamente la operatividad del Cuerpo de Bomberos, que recibió unidades en mal estado.
Además de Cerrato Santos y Maldonado, en la causa penal figuran otros exfuncionarios, entre ellos Héctor Leonel Ayala Alvarenga, exministro de Gobernación, Justicia y Descentralización; y su asesor Héctor Martín Cerrato Velásquez, quienes también fueron señalados en la investigación por su posible responsabilidad en la adquisición de los vehículos.
EL HERALDO lo denunció antes
Aunque la captura de los supuestos responsables en este caso ocurrió en 2024, EL HERALDO ya había denunciado en 2022 la compra millonaria de vehículos que provocaron pérdidas para el Estado.
En febrero de 2020, a través del contrato de compra No. HBCBH/005, firmado bajo la modalidad de compra directa según el decreto PCM-002-2020, se adquirieron los camiones a la empresa israelí B SAFE Security, la cual no estaba legalmente registrada en el país.
El contacto con la empresa fue realizado por Kerin Maldonado, quien se presentó como su representante legal, prometiendo la entrega de camiones de la marca MAN.
EL HERALDO descubrió que B SAFE Security no fabricaba camiones de bomberos, sino que los adquiría en Alemania para luego equiparlos en Turquía.
Honduras pagó alrededor de 11.4 millones de lempiras por cada camión.
Según investigaciones de EL HERALDO, el costo real de los siete camiones debió oscilar entre 40 y 50 millones de lempiras, no los más de 81 millones desembolsados.
Por su parte, el Ministerio Público indicó que no había fondos suficientes para la transacción, por lo que se gestionaron transferencias desde las alcaldías de San Pedro Sula y Distrito Central, e incluso se amenazó con despidos en el Cuerpo de Bomberos.
