Tegucigalpa, Honduras.- Un estudio del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) señala que el sistema judicial hondureño seguirá en crisis mientras sean los políticos quienes nombren a magistrados y jueces, socavando así la independencia del Poder Judicial.
En su informe “Percepción de los Profesionales del Derecho sobre la Corrupción en el Sistema Judicial de Honduras”, Cespad indica que "el Poder Judicial sigue cooptado por intereses políticos, económicos e irregulares y esto resulta en una falta de independencia judicial y la percepción de que procesos de intereses para el poder están politizados".
El análisis cualitativo de la ONG evaluó las valoraciones de varios profesionales del Derecho respecto a la transparencia, integridad y corrupción en el sistema judicial nacional, así como la confianza que tiene la ciudadanía en la justicia. Según las conclusiones del Cespad, la ciudadanía percibe el sistema judicial como lento y burocrático, lo cual obstaculiza el acceso a la justicia.
El documento menciona que las influencias del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en el nombramiento de magistrados y jueces como consecuencia ha derivado en la "configuración de tráfico de influencias a favor de intereses particulares, favorciendo la impunidad, debilitando el Estado de Derecho y generando un clima de desconfianza generalizada".
También resalta que máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados, son repartidos por las fuerzas políticas, quedando así comprometidos con los partidos.
"Efectivamente la elección de 2023 nos dejó claro que persiste una cultura institucional marcada por el clientelismo, opacidad y la manipulación de los partidos políticos en estos procesos de nombramiento", dijo Osiris Payes, asesora legal del Cespad.
Para Payes, los funcionarios encargados de impartir justicia deben actuar con imparcialidad, sin interferencia ni presiones; así como también estos deben ser electos por meritocracia, integridad y transparencia.
A criterio de la asesora legal del Cespad, "lejos de devolver favores, se esperan jueces y magistrados ingratos, que ejercen con independencia su función, sin someterse a influencias externas, incluyendo concretamente la de los partidos políticos que los promovieron y que los nombraron. Lamentablemente este principio en Honduras pues rara vez se respeta, rara vez asumen con independencia este valor".
En cuanto a la corrupción, apunta que este fenómeno trae como efecto negativo que los grupos vulnerables tengan acceso a la justicia, quedando casi exclusiva para aquellos que gozan de poder para influir los procesos judiciales a su favor.
"El impacto de la corrupción judicial se traduce en barreras concretas para elacceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables. Ante el poder, los procesos judiciales favorecen a quienes pueden costear sobornos lo que genera un acceso desigual a la justicia, exacerbando la crisis de legitimidad", puntualiza uno de los hallazgos de la investigación.
Entre las recomendaciones para fortalecer separar la influencia política dentro del Poder Judicial, el Cespad sugiere reformar los procesos de selección de jueces y magistrados mediante concursos públicos en los que prime la meritocracia.
A su vez, manifiesta que la elección de los magistrados en el Congreso Nacional debe reformarse. Otro aspecto que considera importante a implementar es "reducir la discrecionalidad en la asignación de casos, estableciendo criteriostransparentes y automatizados que eviten manipulaciones en beneficio de actores con influencia".
“La lucha contra la corrupción en el sistema judicial es clave para garantizar un verdadero Estado de derecho en Honduras. Sin una justicia independiente y transparente, la impunidad seguirá reinando”, aseverá la institución en el informe.
